Muchos frentes para una única ley

El Gobierno acordó finalmente, tras algunas tensiones entre PSOE y Podemos, el anteproyecto de ley del aborto que devuelve el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo a las jóvenes entre los 16 a 18 años (a las que una anterior reforma consideraba inmaduras para tomar esta decisión pero no para criar a un hijo) y, entre otras disposiciones, busca garantizar la atención pública y cercana en todo el territorio. Pero el grueso de la polémica se ha centrado en el reconocimiento de las bajas por las reglas que causen un dolor incapacitante: la misma definición debería acabar con cualquier duda sobre su oportunidad, con un diagnóstico médico que las sustente y un mecanismo administrativo que no dificulte su gestión. Aun incorporando medidas sobrevenidas al objeto principal de la ley, existen límites que dificultan que en este contenedor legal se incluyan algunas de las previsiones iniciales del Ministerio de Igualdad, como por ejemplo la persecución internacional de la contratación de vientres de alquiler –difícilmente viable sin pasar por una reforma del Código Penal– o la reducción del IVA de los productos sanitarios vinculados a la menstruación, que requiere de un nuevo abordaje en la negociación de los Presupuestos. Un pulso con Hacienda que se deberá abordar, ya que no es sostenible el agravio de mantener un tipo de IVA para productos de primera necesidad superior al de otros productos o servicios de los que pueden no cumplir estas condiciones y que necesariamente se deberán replantear.

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