El registro a la residencia de Trump en Florida desata un terremoto en EEUU
▶ El expresidente y los republicanos explotan la acción de Justicia para sacar rédito político La Casa Blanca niega que Biden conociera la operación, vinculada al uso irregular de documentos
El último terremoto de la política de Estados Unidos vuelve tener en su epicentro a Donald Trump. Como suele suceder cuando él está involucrado, está sacudiendo las placas tectónicas del país. Y en menos de 24 horas desde que se inició ha apuntalado al exmandatario como potencial candidato presidencial en 2024 y como figura de más peso en el Partido Republicano, ha vuelto a hacer estallar la radical polarización a solo tres meses de las elecciones legislativas y ha dado alas a la extrema derecha para agitar un cóctel de tensión política y social que, como recordó el asalto al Capitolio, es en EEUU altamente inestable y explosivo.
El lunes, en una acción para la que los historiadores no encuentran precedentes y que representa una escalada en el cerco de investigaciones que se ciernen sobre Trump, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) registraron con una autorización judicial la residencia del expresidente en Mar-a-Lago, su club privado en Palm Beach, en Florida.
Informes clasificados
Aunque el silencio oficial del FBI y del Departamento de Justicia sobre ese registro impide de momento saber con certeza qué se buscaba y qué se llevaron los agentes, la operación está vinculada al manejo irregular que Trump hizo de documentos oficiales, según fuentes familiarizadas con la investigación citadas por la prensa.
Concretamente, en el centro de las pesquisas están 15 cajas que contenían algunos documentos clasificados y que Trump se llevó de la Casa Blanca a Mar-a-Lago. Los Archivos Nacionales, la agencia a la que debería haberlos entregado de haber seguido la Ley de Registros Presidenciales, solo las consiguie
ron tras meses de negociaciones en enero de este año y bajo la presión de buscarlas mediante acciones legales. Trump podría no haber entregado todos los materiales que debía. Al menos eso apuntan diversas informaciones, que explican que en junio agentes federales visitaron Mar-a-Lago para hablar de materiales oficiales. Según una fuente de FoxNews, tras aquella reunión el FBI y Justicia sintieron que se erosionaba la cooperación de Trump y su equipo.
Trump, airado
Sea como sea, y con consecuencias judiciales y políticas para Trump aún desconocidas, el registro llegó el lunes. Y pese a los interrogantes aún abiertos sobre el objetivo de Justicia, el terremoto comenzó. El propio Trump informó de la operación en un comunicado en el que habló de «redada» y de «allanamiento» y en el que enmarcó el registro como parte de la persecución política de la que se dice víctima desde antes incluso de llegar a la presidencia. «Es una agresión que solo podría pasar en países del tercer mundo», dijo. «Lamentablemente EEUU se ha convertido en uno de esos países, corrupto a un nivel nunca visto».
El exmandatario también aseguró que lo sucedido había sido orquestado por «los demócratas de la izquierda radical» para frenarle como candidato en 2024 y también para frenar a los republicanos en las legislativas.
Sus denuncias tuvieron eco inmediato en otros políticos republicanos, incluyendo potenciales candidatos presidenciales que se beneficiarían si Trump no pudiera presentarse de nuevo a la presidencia, y en medios conservadores. Y la derecha no ha cesado desde el primer minuto tras el registro del FBI de repetir consignas acusando a los demócratas de «haber convertido el Departamento de Justicia y el FBI en un arma politizada».
Son acusaciones que, como han subrayado muchos críticos de Trump, contrastan con la propia politización que durante su mandato él hizo del Departamento de Justicia, al que según ha testificado William Barr, su fiscal general, intentó involucrar en su intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales que perdió frente a Joe Biden. Y chocan también con las múltiples llamadas que él hizo desde su primera candidatura para que se investigara (como se hizo) a la demócrata Hillary Clinton por usar un servidor privado de correo electrónico cuando era secretaria de Estado.
Desde la Casa Blanca se ha negado desde el primer momento que hubiera constancia de la acción que iba a emprender el FBI. Y ayer la portavoz de Biden, Karine Jean-Pierre, aseguró que el presidente no fue informado de antemano. «El Departamento de Justicia
lleva a cabo investigaciones de forma independiente y les dejamos cualquier asunto relacionado con la aplicación de la ley», dijo la secretaria de Prensa, que descartó por «inapropiado» hacer más comentarios sobre la operación y rechazó valorar sus implicaciones políticas. Las tendrá, en cualquier caso.
Los republicanos se unieron en sus críticas al registro. Empezaron a usarlo en sus mensajes de recaudación de fondos y con la clara esperanza de que, como pasó con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el aborto que ha movilizado a los progresistas, sirva para movilizar a conservadores de cara a noviembre. Más problemático aún es que la extrema derecha, política y mediática, esté mostrando algo más que furia e indignación.
■
«Es una agresión que solo podría pasar en países del tercer mundo», denuncia el expresidente