Ribera denunciará a las autonomías insumisas
Hoy entran en vigor las polémicas medidas de limitar el aire a 27º y apagar escaparates
Hoy entran en vigor las dos medidas más polémicas del plan de ahorro del Gobierno: limitar el aire acondicionado a un mínimo de 27 grados (y la calefacción a un máximo de 19º) en edificios públicos y establecimientos comerciales y apagar las luces de escaparates y edificios públicos vacíos a partir de las 10 de la noche. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mostró ayer confiada en que habrá un cumplimiento generalizado, pero también advirtió a las comunidades autónomas de que el Ejecutivo puede ir al Tribunal Constitucional si se produjera un incumplimiento flagrante del real decreto ley, puesto que son las regiones las que deben vigilar y resolver dudas para su correcta aplicación.
«Si las administraciones competentes no ejercen sus competencias pueden ser apercibidas y, en caso de que no atiendan a ese apercibimiento, se abre la puerta a un conflicto negativo de competencias en el Tribunal Constitucional», dijo Ribera en una entrevista en la cadena Ser. Estas declaraciones llegan un día después de que la Comunidad de Madrid anunciara que llevaría el decreto ley al Constitucional al considerar que «invade competencias autonómicas».
La vicepresidenta ha descartado que vaya a haber desobediencia por parte de los establecimientos, dado que «en general hay una voluntad de cumplimiento» . «Puede haber propietarios con dudas, pero no creo que haya una voluntad generalizada de no cumplir con las normas», añadió. Concedió, eso sí, que es diferente la situación de las superficies de mayor tamaño y las grandes compañías, que tienen «una capacidad de puesta en marcha inmediata», de la de los pequeños comercios, que es «posible» que experimenten dudas o dificultades, y de ahí que haya que dar «un margen» a estos.
«No creo que nadie vaya a imponer multas inmediatamente. Tendrá que haber un apercibimiento, preguntar por qué no se están aplicando y, de forma proporcionada, ir adoptando medidas», explicó la vicepresidenta tercera, quien insistió en que es tarea de las administraciones autonómicas «acompañar a los comerciantes» para «favorecer» la aplicación de las medidas y explicar y resolver cualquier duda, más allá de «vigilar» su cumplimiento.
Conflicto de competencias
Ahora bien, «si pasa el tiempo y no pasa nada, habría que pensar en cuáles son los recursos y si lo que se corresponde es plantear un conflicto de competencias negativo si se constata que la Administración autonómica pretende no aplicar la norma».
Así, si pasan los días y las medidas no se aplican, «o si mañana hay un problema serio porque en algún sitio no se aplica masivamente ninguna medida, el Gobierno se pondría en contacto inmediatamente con la comunidad autónoma», advirtió. Ribera insistió en que la implantación del plan es «un proceso en el que lo que importa no es sancionar, sino encauzar la voluntad de aportar al esfuerzo colectivo».
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