Canadá puso en 1995 las pautas para futuros referendos

Pere Aragonès propuso ayer un «acuerdo de claridad» para fijar las condiciones de un hipotético futuro referendo sobre la independencia de Catalunya. La idea se inspira en la ley que Canadá impulsó en respuesta a las demandas secesionistas de Quebec. La «ley sobre la claridad referendaria» fue una iniciativa que se tomó tras el referendo sobre la independencia de Quebec en 1995. El primer ministro canadiense, Jean Chrétien, impulsó una serie de medidas para tratar de satisfacer las demandas de los independentistas, pero el poco entusiasmo que suscitó la propuesta llevó a Chrétien a establecer unos límites y unas condiciones que regularan «con claridad» la posible celebración de un tercer referendo. En junio de 2000, el Senado de Canadá aprobó la versión final de la ley de claridad, fijando que una provincia puede llegar a independizarse y otorgando un elevado grado de poder a la Cámara de los Comunes. La norma establece que la pregunta en cuestión deberá «requerir que la población se declare claramente a favor o en contra de que la provincia se separe de Canadá» y concede a la Cámara baja la potestad de determinar su validez. Por otro lado, también es la Cámara baja la encargada de dictaminar si la voluntad de secesión ha sido expresada por una «mayoría clara de la población», considerando que «la democracia es algo más que tomar decisiones por mayoría simple». Así, para que prospere la opción independentista, es necesario que haya más votos a favor que en contra y que la participación sea elevada, sin llegar a fijar los porcentajes concretos.