Un tabú llamado franquismo
Contrasta tanta histeria con la supuesta apología del terrorismo con tanto pasotismo con la apología de una dictadura
Con más de 40 años de retraso, el pasado 19 de octubre entró en vigor por fin la ley de memoria democrática, aprobada para restablecer específicamente «la dignidad de las víctimas del franquismo», «repudiar el golpe de Estado del 36» y condenar cualquier tipo de símbolo o acto que sirva para exaltar el franquismo o cualesquiera de sus dirigentes. Pues bien, solo 20 días después, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en la inauguración de una bochornosa estatua dedicada a la Legión, se la saltó olímpicamente cuando declaró, traicionando su subconsciente, que «se le rinde tributo a lo largo y ancho de la ciudad; con la calle de Millán-Astray, la que recuerda su gesta y heroicidad».
Calle de Millán-Astray
El alcalde no solo rendía tributo a un golpista, sino que además se refería a la vergonzante restitución de la calle de Millán-Astray, en perjuicio de la maestra Justa Freire, que se produjo en 2021 bajo su mandato. La ley de memoria democrática deja muy claro que las dos cosas ya son ilegales: no pueden haber placas ni nombres dedicados a franquistas y en el artículo 38 se dice, explícitamente, que «se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura».
Este mismo fin de semana se han permitido en Madrid, sin que hubiera ninguna oposición de ninguna administración, varias concentraciones explícitamente franquistas, con cantos a favor del dictador y exhibición desvergonzada de símbolos de la dictadura. En un país tan sensible con las apologías del terrorismo, por las que dirigentes como Otegi han tenido que pasar años en prisión, es chocante ver el pasotismo con el que se reciben estas sangrantes apologías del franquismo que, como en el caso de Almeida, se llegan a perpetrar desde las mismas instituciones.
Las preguntas que se pueden formular son tan ingenuas como infinitas: ¿por qué el ministerio fiscal, en cumplimiento de la nueva ley, no se ha querellado todavía contra el alcalde Almeida? ¿Por qué el Gobierno central, aunque sea solo para defender la ley que acaba de aprobar, no lo ha denunciado y se persona como acusación? ¿Por qué no acudieron los antidisturbios en Madrid a disolver las concentraciones profranquistas? ¿Por qué la Delegación del Gobierno (del PSOE) las ha permitido y se ha puesto de perfil? En la misma ley se específica, desde el preámbulo, la voluntad de restablecer la memoria y la dignidad de las víctimas, pero entonces ¿por qué se permite una vez más su humillación en actos públicos degradantes que nadie impide ni sanciona? La ley de memoria democrática llega con cuatro décadas de retraso, cuando la extrema derecha vuelve a estar empoderada y la mayoría de sus víctimas ya no pueden ser resarcidas porque sencillamente están muertas. Ahora bien: una cosa es llegar tarde y otra muy diferente es que no se llegue ni a aplicar. La pasividad ante las declaraciones del alcalde o las concentraciones franquistas de estos últimos días pueden dejar a la ley en un mero trámite puramente decorativo y demuestra el miedo que hay, incluso desde una cierta izquierda, a actuar contra ese gran tabú llamado franquismo. Quizás ahora se entienda mejor por qué Vox ha sido primero promocionado y más tarde blanqueado.
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El alcalde de Madrid se saltó a la torera la ley de memoria democrática solo 20 días después de su aprobación y ni el Gobierno ni el fiscal han actuado