Reforma a pie de juzgado
El Instituto de Investigación e Innovación Jurídica (I+Dret) da respuestas científicas a problemas sociales
La actualidad jurídica parece marcada por asuntos como la renovación del CGPJ y la modificación del delito de sedición, entre otros; temas que sin duda son de interés general pero alejados del quehacer habitual de los ciudadanos.
En ese contexto, hace apenas un año, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona ponía en marcha el Instituto de Investigación e Innovación Jurídica (I+Dret). Nacía como proyecto pionero, creado con la finalidad de dar respuestas científicas a problemas sociales detectados con motivo del ejercicio profesional de los abogados. Por ese motivo sus miembros, todos juristas, pertenecen a distintos sectores (despachos, administración, empresa, universidad) con el objetivo de abordar los problemas con una mirada amplia pero con un denominador común: la utilización del derecho como forma privilegiada de protección de los débiles.
Las propuestas en las que ha trabajado el Instituto hasta la fecha han sido trasladadas a la clase política, siendo de muy distinta naturaleza: seguridad ciudadana, económica y social, garantías del consumidor o estrictamente técnico-jurídicas.
Por lo que se refiere a la seguridad ciudadana se han llevado a cabo iniciativas tanto en el ámbito de la ocupación ilegal como de la multirreincidencia. Respecto a la primera, podemos afirmar que la ocupación de bienes inmuebles se ha multiplicado en los últimos años, ocasionando un perjuicio a los titulares de los inmuebles ocupados, así como al resto de ciudadanos por los problemas de convivencia que usualmente suelen generar en su entorno. Actualmente, la recuperación inmediata de la vivienda por el propietario no es sencilla en la vía judicial, lo cual hace necesario una revisión de los instrumentos legales a nuestra disposición. Entre ellos, la implantación del desalojo como medida cautelar para no solo asegurar el efectivo cumplimiento de la eventual sentencia sino también dar fin a la comisión del hecho delictivo.
En cuanto a la trascendencia que tiene el fenómeno de la multirreincidencia en delitos de hurto, se han solicitado modificaciones en la redacción de la tipificación del mismo para actuar de una forma más precisa. En esa línea, se propone intervenir en la tipicidad del hurto más frecuente, que es el de dispositivos electrónicos o tecnológicos.
En materia social, no puede desconocerse que el maltrato psicológico, como forma de violencia injustificada, constituye una lacra social que se proyecta, especialmente, sobre las personas más vulnerables, poniéndose de manifiesto la oportunidad de implementar la protección de nuestros mayores. Por ello, consideramos pertinente que se contemple de forma expresa el maltrato psicológico como causa legítima de desheredación de los descendientes del testador o testadora.
En el plano económico, sostenemos que los periodos de crisis, como el actual, exigen contar con mecanismos de flexibilización que permitan tanto conservar los contratos como evitar la excesiva judicialización provocada por el cambio extraordinario de las circunstancias. Es necesario paliar el impacto negativo de esta crisis y afrontar la recuperación económica desde el mantenimiento del tejido empresarial de nuestras pequeñas y medianas empresas y de los puestos de trabajo. A tal efecto será imprescindible regular la figura emblemática de la cláusula rebus sic stantibus, como han hecho recientemente los países de nuestro entorno. El pilar de esta reforma sería el reconocimiento del «deber de renegociación de las partes» y, en caso de fracasar, unas «amplias potestades» del juez para adaptar el contrato a las nuevas circunstancias.
Por último, aunque no menos relevante, se han trasladado medidas en torno a la especialización de los órganos judiciales en materia de infancia, familia y capacidad; la misión y funciones del Consejo Interterritorial del sistema de salud; la ampliación de los contenidos de la ley de asistencia jurídica gratuita; el establecimiento del límite máximo en los créditos revolving o, en apoyo a los emprendedores, la supresión del IRPH por otro que sea de referencia en la normativa europea y responda a la realidad del mercado.
Estas son algunas de las reformas de la justicia que impactan en las preocupaciones diarias de las personas. Son soluciones asequibles, pensadas con rigor académico desde la experiencia práctica y con el ciudadano de a pie en la cabeza.
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María Jesús Pesqueira es decana de la Facultad de Derecho y Empresa de la Universitat Abat Oliba-CEU y directora académica de I+Dret (ICAB).
PLas propuestas del instituto tienen un denominador común: proteger jurídicamente a los débiles