El Executiu blinda por ley que los ‘consellers’ sean indemnizados al dejar el cargo

El Govern pretende blindar por ley que los ‘consellers’ de la Generalitat tengan derecho a una paga una vez cesen en el cargo y hasta que encuentren un nuevo empleo. Hasta ahora ya existía el derecho a dicha prestación especial, que data de un decreto de 1978, pero se tenía que renovar anualmente en la ley de presupuestos. Con dicha modificación, desde la Administración catalana buscan estabilizar el pago y que cada año las cuentas públicas se limiten a actualizar la cuantía. El importe de dicha asignación este 2022 es de 2.207,2 euros mensuales y los beneficiarios no pueden cobrarlo durante más de 18 meses. «Los ‘consellers’ tendrán derecho desde el momento del cese a una asignación pasiva en la cuantía y duración que determine la ley de presupuestos de la Generalitat», reza en el borrador de la ley remitida al CTESC.

Una suerte de derecho a paro especial, dado que el régimen laboral de los altos cargos de la Generalitat no se rige por las mismas normas que el de un empleado ordinario. Por ejemplo, carecen del derecho formalmente reconocido de huelga y carece de pagas extras asignadas, entre otros. La prestación que cobran los ‘exconsellers’ es superior a la que tiene derecho un asalariado común, que este año está topada en 1.519,92 euros al mes (en caso de tener dos o más hijos a cargo) durante dos años.

Incompatibilidad

Esta prestación especial es incompatible con cualquier otra retribución salarial o pensión que dependa de fondos públicos. Y, a diferencia de las asignaciones para los expresidentes de la Generalitat o del Parlament, no son vitalicias. Estas asignaciones son habituales en exaltos cargos, dado el régimen de incompatibilidades existente por ley para evitar que personalidades en puestos de responsabilidad en el sector público –y con conocimiento de información sensible– se recoloquen inmediatamente en la empresa privada. ■