España podrá contratar a firmas privadas en labores humanitarias
▶ La nueva ley de cooperación se aprobará previsiblemente hoy en el Congreso
Las empresas privadas en general y las de consultoría en particular podrán participar en las acciones humanitarias sufragadas por el Gobierno y dirigidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores si hoy se aprueba, como está previsto, la nueva ley de cooperación. El texto renueva la ley de cooperación internacional para el desarrollo de 1998.
La acción humanitaria española incluye la respuesta de emergencia en desastres naturales, como el envío urgente de material de socorro o alimentos, la atención a las víctimas de los conflictos o la rehabilitación de los destrozos producidos por las guerras. Toda esta labor la dirige la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo.
En la nueva ley se especifica que esa acción humanitaria puede ser llevada a cabo «por las administraciones públicas directamente o bien a través de organizaciones humanitarias imparciales, otras organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales, en particular del sistema de Naciones Unidas y del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja», y añade: «También podrá ser llevada a cabo por empresas privadas contratadas al efecto por dichos actores».
Los concursos y «procesos de licitación de obras, suministros o servicios de las actividades de la cooperación española estarán abiertos al sector privado y a otros actores, como las ONGD [organizaciones no gubernamentales de desarrollo], en la medida que contemplen objetivos específicos de tipo medioambiental, social u otros», añade el texto.
Tramitación
Esta última referencia es una de las modificaciones que la mayoría parlamentaria ha acordado durante el paso del proyecto legislativo por la Comisión de Exteriores del Congreso. En otra de las anotaciones se destaca en particular el papel de las empresas de consultoría como parte de la «asistencia técnica» para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
La participación de compañías privadas en la acción humanitaria es una novedad de esta ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, en caso de que finalmente sea aprobada, como prevén fuentes del Gobierno. En la votación de la Comisión el dictamen fue respaldado por 21 votos, entre ellos los del PSOE, Unidas Podemos y los habituales aliados parlamentarios. El PP votó en contra.
También es nuevo considerar como cooperantes a las personas que trabajen en consultoras privadas pero para proyectos humanitarios. «Se consideran personas cooperantes a los y las profesionales que trabajen tanto para el sector privado (ONGD, fundaciones, asociaciones, empresas consultoras, etcétera) como para el sector público (estatal, autonómico o local)», y hay una mención especial sobre los consultores que hagan proyectos de desarrollo, que también serán cooperantes y estarán protegidos por el Estatuto de las Personas Cooperantes.
La acción humanitaria no debe confundirse con los proyectos de cooperación al desarrollo. Un caso típico de la primera es la asistencia a los habitantes de una zona devastada por un terremoto o un tsunami. Médicos sin Fronteras poniendo un hospital de campaña, por ejemplo. En esas circunstancias es extraño ver a compañías privadas. Los proyectos de cooperación al desarrollo, por su parte, son planes que no derivan de una catástrofe natural. Por ejemplo, llevar tendido eléctrico a una región remota o construir una escuela en una zona empobrecida. Para este segundo tipo ya se promocionaban alianzas público-privadas para el desarrollo (APPD). ■
La acción puede ser llevada a cabo «por las administraciones directamente o a través de organizaciones»