El Gobierno y ERC sellan la derogación de la sedición
Sánchez mantiene la puerta abierta a reformar el delito de malversación pese a los recelos que genera en el PSOE
ne por delante la sociedad española», dijo Sánchez tras salir eufórico del hemiciclo. En total, 10 partidos que representan a 12 millones de españoles, apuntó, respaldaron los Presupuestos, «al anteponer el interés general a cualquier otro interés».
Las cuentas de 2023 tienen un techo récord de 198.000 millones de euros e incluyen, entre otras medidas, la subida de las pensiones y los salarios del sector público, la ampliación de la gratuidad de los trenes de cercanías y el aumento del gasto en sanidad y educación. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, seis euros de cada 10 se dedicarán a gasto social, con el fin de «ayudar a la sociedad española a transitar un momento de dificultad provocado por la guerra» en Ucrania, «especialmente por la elevada inflación».
Compañeros de viaje
Sánchez aprobó ayer los terceros Presupuestos consecutivos, algo que ni él habría imaginado cuando su Gobierno de coalición echó a andar aquel enero de 2020 con Pablo Iglesias de vicepresidente por Unidas Podemos y una amalgama de socios en el Congreso. El dirigente socialista quiso subrayar quiénes son sus compañeros de viaje este último año de legislatura e incluso se fue del Congreso dando a entender que no ha cerrado la puerta a reformar el delito de malversación a través de una enmienda en la tramitación de la sedición. ERC dijo que la presentaría, algo que tendrá que hacer dentro de dos semanas, por los plazos del proceso que se inició ayer.
La izquierda troceada
Altos cargos del PSOE consideran que con el cariz social de las cuentas, los nuevos impuestos sobre los grandes bancos y energéticas y patrimonio a partir de tres millones de euros y la reactivación de las leyes de vivienda y mordaza lograrán movilizar a su electorado progresista para las elecciones de mayo. Más preocupación muestran por el enfrentamiento entre Iglesias y la vicepresidenta Yolanda Díaz, supuesta sucesora del exlíder de Podemos. Ella y los morados tendrían que captar juntos al votante de más a la izquierda al que no llega el PSOE. Si ese espacio se desgaja en tres, la izquierda perdería muchos escaños a nivel global.
Todas las encuestas señalan que, tras las generales, previsiblemente a finales de 2023, Sánchez volverá a necesitar a todos sus socios para seguir en la Moncloa. Y los necesita fuertes. Por eso no escasea en mimos, aunque ponga en bandeja al PP su argumentario. «No me resigno a que mi país esté gobernado por coaliciones de partidos minoritarios radicales a los que los españoles les importan un comino», se quejó Alberto Núñez Feijóo desde Badajoz.
Lo cierto es que pese a los habituales mensajes de las derechas de que España se rompe por las cesiones a los independentistas, el Gobierno de coalición se ha ganado una buena imagen en Bruselas, sobre todo por su papel en la crisis energética, y ha atraído a múltiples inversores en los últimos meses (Maersk, Google, Cisco, Volkswagen, Intel...).
Sánchez se fue del Congreso con energía de sobras para encarar un 2023 que le regalará, además, la presidencia de turno de la Unión Europea. Por ahora, sigue con la baraka.
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El jefe del Ejecutivo celebró que 10 partidos respaldaran sus terceros Presupuestos
Según la ministra María Jesús Montero, el 60% del gasto se consagrará a cuestiones sociales
Seis meses después de que el Gobierno y la Generalitat retomaran las relaciones, congeladas a raíz del Catalangate, y de que ERC enfilara como objetivo rebajar la presión de la «represión y la judicialización», el Ejecutivo y los republicanos sellaron ayer lo que se erigirá como el mayor fruto (público) de la mesa de diálogo: la derogación del delito de sedición. El Congreso, tras un debate bronco (uno más, esta vez en ausencia del presidente del Gobierno), admitió a trámite la propuesta de reforma del Código Penal que presentaron las dos fuerzas que forman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos.
No es casual que la admisión a trámite se produjera unas horas después de que la misma Cámara baja aprobara los Presupuestos Generales del Estado para 2023, con el apoyo de Esquerra. Ni lo es que en el debate presupuestario, Pedro Sánchez, tras una semana de mensajes confusos emitidos tanto por socialistas como republicanos, reiterara su disponibilidad a ampliar esa reforma del Código Penal para retocar el delito de malversación. Estas son las negociaciones de Schrödinger: son independientes, pero, a la vez, indivisibles.
De hecho, para la reforma que pudiera afectar a la malversación, Sánchez empleó el mismo argumentario que hace 15 días, a cuenta de la sedición. Así, ligó esta hipotética reforma de la malversación a un esfuerzo por «homologar» las penas de los delitos en España a las de las «principales democracias europeas». Con todo, y sobre el final que puede tener este debate sobre la malversación, apuntó un enigmático «vamos a esperar a la tramitación parlamentaria».
«Al dictado de Junqueras»
La simultaneidad en el debate en el Congreso de los presupuestos y la reforma del Código Penal fue una de las armas que utilizó la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en su diatriba contra el Gobierno. «Nos presentan esta medida como si fuera una disposición adicional a las cuentas del Estado. La sedición es solo un problema para quien incumple la ley, que no son otros que los socios de Sánchez», espetó Gamarra, para quien la derogación del delito «se ha hecho al dictado de Oriol Junqueras y a medida de los golpistas».
Para la popular, tras asegurar que la tramitación elegida para esta reforma del Código Penal es un «ardid», añadió que el PSOE «hace tiempo que enterró a Montesquieu [por aquello de la división de poderes] y desenterró a Maquiavelo».
El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, advirtió de que la derogación de la sedición «no es una concesión a ERC, sino a la democracia. A su democracia, para que dejen de hacer el ridículo en Europa». «No podemos cambiar el poder judicial español. Es un problema estructural de este país. Solo aspiramos», con esta reforma del Código Penal, «a ponérselo un poco más difícil al juez facha de turno», sentenció.
Por parte de Junts, Josep Pagés, martilleó en que el independentismo no cometió ningún delito en el otoño de 2017. «Es esta una supresión parcial que tiene como contrapartida una criminalización brutal. No seremos los tontos útiles que avalen esta nueva sedición», aseveró. La CUP explicó su no a la reforma por el presunto peligro que comporta para las protestas civiles de cualquier tipo, tanto secesionistas como de carácter social, por la crisis.
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