España se centra en el Sahel
Tras un 2020 en el que cayeron en picado, las peticiones de refugio han vuelto a niveles prepandemia en la mayoría de países europeos. En el caso español son anualmente unas 100.000 solicitudes aceptadas, en buena parte procedentes de países subsaharianos y Sudamérica.
En Melilla, el pasado 24 de junio, mientras una multitud de migrantes hacía un intento letal de salto de la valla fronteriza desde Nador, 11 de los subsaharianos que habían logrado pisar la orilla española de la verja fueron evacuados en ambulancia al hospital de la ciudad por sufrir heridas de consideración. Hoy, esos 11 esperan respuesta del Ministerio del Interior a las 11 solicitudes de asilo que cursaron en cuanto les hicieron las primeras curas.
Los 11 africanos son parte de los 104.025 extranjeros que a final de 2021 tenían pendiente de resolución una solicitud de protección en España. La cifra variará al final de este año, si bien no se espera que descienda sensiblemente porque últimamente se mantiene en torno a las 100.000 anuales y porque, pese a que los trámites administrativos policiales se han agilizado, en septiembre pasado ya habían llegado a este país 86.928 peticiones de protección internacional; casi tantas, a falta de un trimestre, como las 88.826 que se contaron en todo el año 2020.
De las 86.928, un total de 67.086 fueron admitidas a trámite en el momento de formularse. En el mismo periodo, hasta el 30 de septiembre, Interior ha emitido 36.371 negativas, y ha concedido 5.038 estatutos de refugiado (a personas que acreditan sufrir persecución injustificada en su país) y 5.334 protecciones subsidiarias (a personas que, si vuelven a su país, tendrían en peligro la vida o la integridad física). Hay además 13.040 protecciones concedidas por razones humanitarias.
El plazo que la ley española da al Estado para contestar una solicitud de asilo es de seis meses, pero la media real de respuesta se sitúa entre 9 y 12 meses, según la experiencia acumulada por los abogados de la Comisión Española de Ayuda a Refugiado (CEAR), principal oenegé del sector.
Ese plazo medio abarca desde desesperadas esperas de tres años hasta rápidas tramitaciones de cuatro meses. Entre las más rápidas de 2021 a esta parte –descontando la protección temporal exprés que se concede a los refugiados ucranianos– están las de personas provenientes del Sahel que han llegado a España por la peligrosa vía marítima canaria. Se evita la acumulación de inmigrantes de Mali, Níger y Burkina Faso en las islas. Son además candidatos a protección subsidiaria porque provienen de «una zona con situaciones de violencia extrema y conflictos enquistados», describe la directora jurídica de CEAR, Elena Muñoz.
A los sahelianos les siguen en rapidez en la obtención de refugio colombianos, venezolanos y peruanos, por la violencia narco, mafiosa o de restos de guerrillas y, en el caso de los huidos de Venezuela, por sufrir «una crisis poliédrica: social, de seguridad, sanitaria…», explica Muñoz. Los latinoamericanos son el grueso de los peticionarios de asilo en España, con más de 66.000 casos hasta el 30 de septiembre.
Las resoluciones van más despacio para los cameruneses, con casos embalsados de tres años, y los chinos, con solicitudes pendientes cuyo trámite se inició en 2016, 2017 y 2018.
La ley obliga a contestar la solicitud en un máximo de seis meses, pero la demora es habitual
Pese a que las llegadas de peticionarios de asilo no remiten, la balsa de solicitudes pendientes lleva dos años alejada del crecimiento exponencial de 2016 y 2017. «Hemos notado una mejoría desde 2020 para acá», explica Muñoz. En 2018 estaban trabajando en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior 60 personas, «la misma dotación que tenía el organismo en 1992, cuando las peticiones anuales no llegaban al millar», relatan fuentes de Interior. En 2020 fueron destinados a la OAR 300 administrativos y policías. Al año siguiente, por primera vez se reducía el embudo de casos pendientes. Cuando se publiquen las estadísticas de todo 2022 se verá si el efecto persiste.
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