Puigdemont alega que el fin de la sedición busca su extradición
▶ El ‘expresident’ denuncia una «persecución política» y el Parlamento Europeo considera que es diputado «probablemente de forma ilegal»
La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, no necesitó ni media hora de vista ante el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE) para sacar a colación la derogación del delito de sedición en la que trabaja el Congreso de los Diputados pero, en vez de para afirmar que le exoneraría del delito por el que es reclamado por España, para situarse en el papel de víctima de una «persecución política».
Aseguró que con esa reforma legislativa el Gobierno busca lograr con mayor facilidad su entrega a España, según sostiene que manifestó el presidente Pedro Sánchez cuando anunció la reforma pactada con ERC y otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Ello pese a que magistrados del Supremo consideran que con la reforma el ‘expresident’ quedará liberado de la principal acusación que formula España en su contra, con independencia del efecto que pueda tener en el de malversación que también se le atribuye.
Boye, que dejó caer que tanto él como sus clientes y su entorno habían sido espiados con Pegasus, insistió en que la concesión de la inmunidad que le confiere el escaño europeo le es imprescindible para no ver vulnerados sus derechos como representante de una minoría nacional; de ahí su demanda contra la Cámara por haber autorizado el suplicatorio del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
De forma abierta y correcta
El representante jefe del Parlamento Europeo, Norbert Lorenz, fue muy duro con la reclamación del ‘expresident’ y respondió a la afirmación de Boye sobre que había recibido un trato «vejatorio» por parte de la Cámara, diciendo que esta se había comportado de forma «muy abierta y correcta» con él, porque se le permitió adquirir el escaño y con él la inmunidad de una forma «probablemente ilegal», como «hemos visto por una sentencia del Tribunal General», añadió sin dar más detalles, como que no cuenta con la credencial española por no haber jurado la Constitución al tener que hacerlo en España, donde sería detenido. La explicación no pasó inadvertida a Boye, que la retomó para criticar que la Cámara parece ahora dispuesta a revisar el estatus de Puigdemont.
Añadió que los hechos por los que se le reclama son anteriores a su elección, que no se produjo hasta 2019. De ahí que con el criterio general del Parlamento en la mano se debiera conceder el suplicatorio, porque la inmunidad debe interpretarse de forma restrictiva para no paralizar la actividad de los tribunales nacionales.
A continuación se ocupó de negar los argumentos del ‘expresident’ sobre pérdida de imparcialidad de quienes tramitaron el suplicatorio, que luego aprobó el pleno del Parlamento. Lorenz señaló que no acierta a verla, porque el ponente de los expedientes abiertos para resolver el suplicatorio es un diputado búlgaro, y Vox, un partido español. Añadió que su participación en un acto del partido de ultraderecha en el que se gritó «Puigdemont a prisión» fue anterior a su elección como eurodiputado.
Lorenz recordó que el presidente de la comisión de asuntos jurídicos (Juri), Adrián Vázquez, es de Ciudadanos, tampoco de Vox, y enmarcó en la libertad de expresión las declaraciones que ambos pudieran haber hecho.
También negó que el Parlamento Europeo pueda discutir qué tribunal reclama a una persona, porque eso supondría cuestionar el criterio de los jueces de los estados miembros, extremo que fue negado por Boye con el ejemplo de Silvio Berlusconi, pese a que la legislación italiana sobre inmunidad parlamentaria no coincide con la española, como le hizo ver la presidenta del tribunal, la chipriota Anna Marcoulli, que también recordó que los requisitos de imparcialidad de los políticos no son iguales que los de los jueces.
Por su parte, la representación de España, ejercida por la abogada del Estado jefa ante la UE, Andrea Gavela, refrendó el sistema garantista español por el que se dejó en suspenso el procedimiento de Puigdemont y del resto de huidos tras su procesamiento, hasta que estén a disposición de la justicia española.
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La Cámara niega persecución política porque se le reclama por hechos de 2017 y fue elegido diputado europeo en 2019