Economía sopesa que el Defensor del Cliente Financiero esté en Madrid
▶ La reciente norma para descentralizar entes públicos no se aplica a este proyecto para revolucionar el sistema de reclamaciones, pero la decisión dependerá del trámite parlamentario
El Ministerio de Economía se inclina hoy por hoy por ubicar en Madrid la sede central de la nueva Autoridad Administrativa de Defensa del Cliente Financiero, aprobada el martes por el Consejo de Ministros. La decisión final, con todo, no está tomada y dependerá del trámite parlamentario del proyecto de ley de creación del nuevo organismo, con el que el Gobierno pretende revolucionar el actual sistema público de resolución de las reclamaciones a bancos, aseguradoras y firmas de inversión.
Con el objetivo de descentralizar la Administración General del Estado, el Consejo de Ministros adoptó el pasado febrero un acuerdo para fomentar que las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos puedan postularse a albergar las sedes de las entidades del sector público estatal de nueva creación. De hecho, ya están abiertos los procesos para elegir dónde se ubicarán las sedes de las nuevas Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y Agencia Espacial Española.
Ese procedimiento, sin embargo, no es de aplicación para la nueva autoridad financiera. «Esta institución está, en principio, fuera de ese proceso. Se inició su tramitación antes de que se aprobara el decreto de designación de sedes. En cualquier caso, esto se confirmará o se concretará cuando se cree la autoridad», explica el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, a este diario. Así, el real decreto del pasado marzo que fijó el procedimiento para elegir las sedes ya preveía que no sería de aplicación para «aquellas entidades cuya creación hubiese sido autorizada o prevista por una norma de rango legal» previa.
El Defensor del Cliente Financiero
va a asumir las reclamaciones que hasta ahora gestionan el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, todos ellos ubicados en Madrid, y aspira a captar parte de los 250 empleados que el Gobierno calcula que necesitará de los actuales servicios de reclamaciones de los tres supervisores sectoriales. Las dos primeras de estas instituciones, precisamente, han mostrado reticencias a la nueva Autoridad y albergan dudas de que sus funcionarios quieran incorporarse al nuevo organismo. Economía, sin embargo, no cree que vaya a haber dificultades.
«No habrá ningún problema para reclutar a los profesionales que, lógicamente, en parte vendrán de los supervisores», sostiene García Andrés.
El número dos de la vicepresidenta Nadia Calviño, por otra parte, niega cualquier temor a que los tribunales puedan cuestionar la nueva autoridad, pese a que los bancos consideran «inconstitucional» varios de sus aspectos centrales, como adelantó este diario. «Hemos considerado a fondo los precedentes en otros sectores y las opiniones de los distintos órganos expertos. Creo que el informe del Consejo de Estado ha confirmado que todo el trabajo que se ha hecho en esos aspectos que se habían suscitado es sólido, y por tanto tenemos confianza en que el proyecto es sólido desde el punto de vista jurídico y va a permitir que la autoridad se cree y se ponga a funcionar rápidamente», argumenta.
Cambios en el Parlamento
Precisamente, el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley sin recibir el dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que la ley le habilita a hacer cuando el órgano de gobierno de los jueces no ha emitido su informe en los plazos previstos. El CGPJ en principio no tiene previsto someter el asunto a su pleno hasta por lo menos diciembre y el ministerio está abierto a hacer cambios en el trámite parlamentario cuando lo reciba. «Leeremos con mucha atención el informe del CGPJ y, si hubiera elementos que pudieran mejorarlo, trataríamos de que los grupos lo consideraran», afirma el secretario de Estado. García Andrés, asimismo, explicó por qué Economía no ha atendido la petición del Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, de que los dictámenes de la autoridad sean vinculantes para cualquier cantidad reclamada, y no solo hasta 20.000 euros: «La gran mayoría de las reclamaciones son inferiores a ese importe y nos parecía que era un buen equilibrio».
El ministerio también ha desoído la petición del CES de eliminar la multa de hasta 500 euros para los clientes que presenten reiteradamente durante seis meses reclamaciones manifiestamente infundadas e inadmitidas. «Es muy importante, ante la posibilidad de que haya una cierta utilización estratégica de las reclamaciones, que haya responsabilidad por parte de los clientes que reclaman. Probablemente luego veremos en la práctica que no será relevante en la actividad de la autoridad», añadió.
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El ministerio descarta eliminar las sanciones por denuncias reiteradas