Caso Mercuri, diez años del seísmo que puso fin a la era Bustos en Sabadell
▶ El controvertido exalcalde del PSC está en la cárcel desde el pasado enero por dos delitos de tráfico de influencias, pero todavía quedan nueve piezas del caso pendientes de llegar a juicio
El 27 de noviembre de 2012, el PSC que lideraba Pere Navarro aún estaba intentando digerir el mazazo electoral de las urnas del 25-N cuando los Mossos irrumpieron en el Ayuntamiento de Sabadell y en otras dependencias municipales y particulares en el marco de una investigación sobre corrupción. El balance: 12 personas detenidas y 38 imputaciones iniciales, entre ellas, la del alcalde y miembro de la cúpula socialista, Manuel Bustos, en la cárcel desde enero.
La onda expansiva del caso iba más allá de la ciudad y alcanzó al entonces secretario de organización, Daniel Fernández, pieza clave de la cúpula del PSC de la época. Diez años después, el caso que colocó Sabadell de un plumazo en el mapa de la corrupción todavía no ha acabado de juzgarse. La investigación partía del pago de comisiones ilegales por parte de empresarios a cambio de adjudicación de obra pública entre los años 2010 y 2012. Esta es la pieza principal del caso, aún pendiente de ser juzgada, y que se destapó porque un intermediario arrepentido decidió tirar de la manta y acudir a la Fiscalía de la mano de la exconcejal de ICV Carme Garcia.
Hasta ahora, empresarios han reconocido haber pagado comisiones, pero el dinero no ha sido localizado. El exalcalde nunca ha sido imputado en esta pieza, como tampoco el exconcejal de Urbanismo de aquel momento, Joan Carles Sánchez, que asumió el mando de la ciudad cuando Bustos se retiró. El exalcalde siempre ha defendido que no cobró «ni un euro» y que todo el caso ha sido urdido por sus detractores.
Sin embargo, ha llegado a haber cerca de una cuarentena de derivadas que configuran una macrocausa que retrata el estilo de gobernar del alcalde Bustos, que estuvo al frente de la ciudad durante 13 años, y que incluye desde modificaciones de concursos públicos y concesiones a medida a colocación a dedo de familiares y afines o retirada de multas.
Se cuentan más de 50 investigados pendientes de juicio. Hay políticos, cargos municipales y empresarios. Destaca que, más allá de Bustos, en la trama están implicados su mujer y entonces jefa de gabinete, Montserrat Costa; su
hermano y concejal, Francisco Bustos; y su tío, Melquíades Garrido, presidente del gremio de constructores de Sabadell entonces y que aún se mantiene en el cargo. También otros cuatro exconcejales del PSC en la ciudad y uno de la oposición, Jordi Soriano, del PP, considerado el cerebro del cobro de comisiones a pesar de que no estaba en el gobierno municipal. Los Mossos estimaron que podría haber recaudado 844.608,24 euros ilícitos.
Bustos ha encajado ya dos condenas significativas. La primera fue de un año y cuatro meses de cárcel por la modificación de un concurso público en Montcada i Reixac, misma pena que recayó sobre Daniel Fernández y Francisco Bustos y caso que se llevó por delante también a la alcaldesa María Elena Pérez. La segunda condena es de tres años de cárcel y 17 de inhabilitación por ordenar la retirada de multas a familiares. Entró en prisión a principios de este año y, aunque le concedieron el tercer grado restringido al cabo de dos meses, se le retiró el pasado agosto a petición de la Fiscalía.
Nueve episodios del caso están pendientes de juzgarse, incluidos cuatro que implican al exalcalde. La investigación de todas las derivadas se da por cerrada pero ninguna tiene fecha de juicio. Además de la pieza principal, queda por enjuiciar el supuesto amaño del concurso para adjudicar la recogida de basura a Smatsa, destapado a raíz de otra macrocausa, el caso Pokémon. Entre otros, se incrimina a Bustos y su hermano, ambos también acusados por presuntas contrataciones a dedo: el exdirigente afronta por ello una petición de ocho años de prisión y Francisco Bustos, una de cinco años. El exalcalde también debe dar cuenta de posibles dispendios indebidos en la Federació de Municipis, incluidos gastos y ágapes privados. Otros dos exconcejales del PSC y Soriano se arriesgan a ingresar en la cárcel por unos presuntos vertidos ilegales.
La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció que se constituyó dos semanas después de que Mercuri estallara ha tenido un papel clave a nivel judicial. Aglutina a movimientos y partidos de izquierda adversarios del bustismo, incluidos ERC, Entesa per Sabadell, la CUP y los ‘comuns’.
Dos años tarde
De hecho, el ayuntamiento tardó más de dos años en personarse como acusación. Las formaciones integradas en la plataforma gobernaron Sabadell entre 2015 y 2019, sin que Sabadell Lliure de Corrupció se disolviera. Los abogados de la plataforma han solicitado penas de prisión, en línea con la Fiscalía, e instaron a que Bustos ingresara en la cárcel. La organización teme que las próximas condenas que se impongan se rebajen por el retraso que el caso ha acumulado en los juzgados.
Con Mercuri, el PSC no solo perdió a Bustos, sino también al entonces secretario de organización, Daniel Fernández, en un momento especialmente convulso para el partido. A los malos resultados electorales se sumó la mancha de la corrupción que ya había hecho estragos con el caso Pretoria. Durante unos meses incluso estuvieron imputados Pere Navarro y Jaume Collboni por unas conversaciones telefónicas con el exalcalde, pero la jueza acabó desvinculándolos del caso.
El PSC logró recuperar la alcaldía de Sabadell en el 2019 con Marta Farrés, que tuvo que declarar como testigo por la pieza aún pendiente de juzgar del contrato con Smatsa, que puede ser una bomba de relojería para el actual gobierno municipal.
■
Hay más de 50 investigados pendientes de juicio entre empresarios y políticos