La regulación del mecenazgo

El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite una proposición para modificar la llamada ley de mecenazgo, que no recibe este nombre sino el de «régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo». Data de 2002, se amplió en 2014 y, en mayo de 2020, se implantó una nueva medida de apoyo al sector cultural, de carácter tributario, para hacer frente al impacto de la pandemia, con mejoras en las deducciones por donaciones. La propuesta, auspiciada por el PDECat, tiende a mejorar una situación que coloca a España a un nivel que dista mucho del que han conseguido otros estados del entorno europeo. Con una puntuación de 3,83 sobre 5, según el informe de la Global Philantropy Environment, nuestro país se encuentra levemente por encima de la media mundial, pero lejos de la banda alta donde figuran países como Alemania, Francia y los Países Bajos.

Según palabras del diputado Sergi Miquel, «la norma actual es ineficaz porque no contempla los cambios sociales, económicos, tecnológicos y de marco mental que ha habido desde entonces».

España no tiene tradición en este sentido, como sí ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido y, conceptualmente, sigue anclada en una consideración altruista del mecenazgo. Como puede leerse en la página web del Ministerio de Cultura, «la generosidad de los buenos mecenas no depende de una deducción de Hacienda; lo que les mueve en su generosidad es el amor a una tierra, o a una actividad, o a la humanidad en general».

Lo cierto es que hoy las aportaciones de particulares, ya sea individuos, empresas o corporaciones, no son estrictamente un gesto gratuito, como así ha sido a lo largo de la historia, sino que, más allá de un difícilmente cuantificable valor reputacional, dependen en gran parte de los incentivos fiscales. El ejemplo más notorio es el de Francia. Con la implantación de la llamada ley Aillagon, en 2003, el modelo de preponderancia estatal en las subvenciones varió hacia un mayor protagonismo privado. Con deducciones en torno al 60%, el mecenazgo se multiplicó por diez.

La crisis económica ha afectado notoriamente a las aportaciones públicas, principalmente en el ámbito cultural, y las necesidades perentorias en salud y educación y acción social han impactado en los presupuestos hacia otras actividades. Por esa razón, la idea de aumentar los incentivos en deducciones para las donaciones a las entidades no lucrativas (ENL) de interés general, el reconocimiento al micromecenazgo a través de plataformas digitales o la donación de servicios a las ENL, son instrumentos que tendrían que paliar los déficits de un sector sin que eso significara un menoscabo de la necesaria aportación pública.

En Catalunya, que ha vivido épocas gloriosas de mecenas, también se precisan soluciones imaginativas, ligadas a los beneficios fiscales. Entidades como la Fundació Catalunya Cultura, cuya misión es «construir puentes para que el mundo de la empresa financie proyectos culturales» o festivales como Temporada Alta, que apuesta por un modelo mixto (con cerca de un 30% de la financiación a través de mecenazgo privado) son ejemplos de las posibilidades que una nueva normativa permitiría ampliar y fortalecer para que la filantropía fuera decididamente un motor de progreso y de beneficio cultural y también económico.

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Las aportaciones de particulares no son estrictamente un gesto gratuito sino que dependen en gran parte de los incentivos fiscales

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