La mesa de la pobreza energética se reúne con 5 meses de retraso
Las facturas impagadas por los hogares vulnerables en 2021, aún sin condonar, totalizan 18 millones de euros, casi lo mismo que los importes de los años 2019 y 2020 juntos.
La última reunión de la mesa contra la pobreza energética catalana, liderada por la Conselleria de Drets Socials y en la que participan entes locales, entidades y movimientos sociales, fue el 8 de junio de 2022. Han pasado cinco meses sin novedades en el frente pese a que la inflación presagia un invierno complicado. Las entidades sociales critican la tardanza en aplicar los acuerdos, mientras que la Generalitat y Endesa aseguran que trabajan en ello.
La deuda acumulada por los más vulnerables en 2021 asciende a casi 18 millones de euros, lo mismo que la suma de los importes de 2019 y 2020. Vuelven las mantas, las linternas, el miedo a encender la calefacción o la luz por lo que puede costar y el constante temor a incendios. Ya son siete inviernos así, desde que Catalunya aprobó la ley más protectora de Europa que impide cortes a las familias pobres.
En marzo de 2021, Endesa firmó un convenio histórico contra la pobreza energética, pero aún no se ha desplegado en su totalidad. «Vamos un año y medio tarde», se queja Josep Babot, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). La Taula del Tercer Sector advierte de que el documento «no puede quedar en papel mojado».
Patata caliente
Desde la firma del acuerdo, ha habido dos cambios de ‘conseller’ y tres departamentos implicados. «Nadie ha tomado la iniciativa ni el liderazgo, ha habido una falta de prioridad. La pobreza energética es una patata caliente de la que nadie en la Generalitat se ha querido ocupar», añade Babot. Las críticas también las comparte el principal partido de la oposición en el Parlament. «Es inaudito. Este es un verdadero problema para las familias. Había que diseñar un plan, aplicar las medidas previstas... Y no encontrarnos a las puertas del invierno con que no se ha hecho nada», se queja Raúl Moreno, diputado del PSC.
El equipo de la nueva Conselleria de Drets Socials, con Carles Campuzano al frente, tiene previsto mañana una reunión con los agentes implicados. Las entidades sociales piden rapidez. «El tiempo corre muy rápido y las familias vulnerables hace muchos meses que viven con incertidumbre», dice la presidenta de la Taula, Francina Alsina, que urge al Govern a garantizar que todos las familias pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada, sin poner en riesgo su salud ni su vida.
Después de condonarles la deuda acumulada desde 2015, los más de 30.000 clientes vulnerables de Endesa en Catalunya siguen acumulando facturas de los años 2021 y 2022. La de 2021 asciende a 17,9 millones de euros. Es más que la deuda desde 2015 a 2018, que eran 17,5 millones, y casi la misma que la de 2019 y 2020, que llegaba a los 21 millones. Es una consecuencia del precio disparado de la energía. La Generalitat se comprometió a pagar la mitad de esta deuda con fondos públicos (el 35% de la Generalitat y el 15% de diputaciones y entes municipales), y Endesa condonaría el resto. Termina 2022 y aún no se ha hecho. «Está previsto pagarlo antes de final de año», asegura la ‘conselleria’.
«No hay explicación posible de esta demora», se queja Babot. En este sentido, Endesa y Generalitat se comprometieron a crear un fondo de solidaridad para automatizar los pagos de las facturas de luz a las familias que no lo pueden asumir. Sigue sin existir, a pesar de que hay un grupo de trabajo creado en junio que trabaja en ello. «Esta es la herramienta que hará que las familias estén tranquilas y usen los suministros cuando lo necesiten. Hoy aún siguen teniendo la losa de la deuda», insiste Babot.
Endesa se comprometió también a instalar contadores solidarios a las familias que se han visto obligadas a ocupar. Hogares que viven en la exclusión social, que han sufrido uno o varios desahucios, y que siguen esperando una vivienda pública. Las empresas de agua ya han instalado más de 200 contadores similares. Con la luz, la Generalitat no tiene ni datos del alcance. Endesa dice que ha instalado 42 en 19 municipios, con solo dos son en el área metropolitana. «No se está aplicando como debería. Endesa se ha inventado un documento trampa que no constaba en el acuerdo y que la Generalitat dio por bueno. Pasan la pelota al ayuntamiento y les obligan a firmarlo, cuando debería recaer sobre la familia», acusa Babot. «El proceso es claro y rápido si llega la solicitud del ayuntamiento y la
El fondo que se prometió para automatizar el pago de los recibos todavía no existe
Drets Socials ha convocado para mañana a los entes locales y entidades sociales
instalación del edificio está homologada», zanja Endesa.
En cualquier caso, lo cierto es que Endesa es la única compañía en Catalunya que ha firmado un convenio con la Generalitat (tal y como dicta la legislación) y ha condonado la deuda de los vulnerables de 2015 a 2020. Drets Socials confirma que no están negociando con ninguna otra suministradora. Los clientes de Naturgy o Iberdrola siguen acumulando deuda y reduciendo el gasto al mínimo, a pesar de que no les puedan cortar la luz. «La Generalitat debe empezar a abordar ya el tema con las otras compañías, especialmente Naturgy, que copa el grueso del mercado de gas. Y no nos consta ni una novedad en este ámbito», lamenta el activista.
El bono social eléctrico es un descuento regulado por Gobierno central para rebajar de forma notable (hasta el 80%) las facturas de las familias vulnerables. Este año, además, se han ampliado sus criterios y beneficiarios. En Catalunya, el 67% de los clientes vulnerables de Endesa no lo tienen, aunque el convenio con la compañía dice que deberían tramitárselo. Hay 107.734 familias que se benefician, la mitad de las que hay en Andalucía. «Estamos trabajando con la Generalitat para que todos los clientes vulnerables tengan bono social», explica Endesa y confirma la ‘conselleria’.
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