Colau calcula que el Govern ‘debe’ a BCN 1.259 pisos sociales
La Generalitat debía aportar el 60% de las viviendas de emergencia, pero solo ha puesto el 24%.
El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto cifras al desequilibrio de pisos aportados a la Mesa de Emergencias de la ciudad y considera que la Generalitat debe 1.259 viviendas al consistorio desde los inicios del primer mandato de Ada Colau, en 2016. Y no solo eso: si la administración autonómica hubiera cumplido con su deber, ahora mismo «no habría familias en lista de espera», sostiene el ejecutivo municipal.
En Catalunya, el mecanismo que se utiliza para adjudicar una vivienda a las personas o familias vulnerables son las Mesas de
Emergencia de cada localidad. Para acceder a ellas, los candidatos tienen que cumplir con una serie de requisitos que acrediten su situación. Una vez dentro, la Generalitat es la principal administración que se encarga teóricamente de dar respuesta a la necesidad urgente de vivienda en el territorio.
En el caso concreto de Barcelona, la Mesa de Emergencias está consorciada entre la Generalitat y el ayuntamiento. La primera tiene un peso del 60%, mientras que el ayuntamiento tiene asignado el 40%. No obstante, desde 2016 hasta abril de 2022, el ayuntamiento ha sido quien ha aportado la mayoría de viviendas a la Mesa: 1.066 en total, es decir, el 75,6%; mientras que la Generalitat solo ha aportado 340 viviendas, el 24,1%.
Actualmente, la Mesa de Emergencias de Barcelona tiene 649 familias o unidades de convivencia en lista de espera. Esto significaría que, si la Generalitat hubiera aportado viviendas en la misma proporción que el consistorio, es decir, las 1.259 en deuda según el consistorio, a día de hoy «no habría familias en lista de espera y se dispondría de viviendas para dar respuesta a nuevas situaciones de emergencia», asevera el ayuntamiento en un informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El aporte de viviendas a la Mesa de Emergencia por parte del ayuntamiento se enmarca, asimismo, en un plan que el consistorio lleva a cabo desde el pasado mandato para que la capital catalana disponga de más vivienda de alquiler accesible, con el objetivo de frenar la especulación y afrontar los desahucios.
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