La Generalitat lanza 100 acciones para fomentar el catalán
Aragonès minimiza los casos en los que se imparte el 25% en castellano
ciones beneficiadas por el aumento del IRSC es la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), que pasará de 644 euros a 695,5 euros al mes, en caso de un único perceptor. En este sentido, este diario ha podido confirmar que también se reclamará al Gobierno que se traspase la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) para multiplicar la eficiencia de amabas rentas sociales. Una petición que ya se abordó en la comisión bilateral y que la Generalitat volverá a poner ahora sobre la mesa con el apoyo de las patronales y los sindicatos.
Los empresarios han apretado especialmente en conseguir dos compromisos del Govern. Por un lado, la garantía de que las nuevas cuentas públicas invertirían 680 millones de euros en el sector industrial. Para los agentes sociales es clave que el Ejecutivo
se haga corresponsable del Pacte Nacional per a la Indústria, firmado recientemente y que pretende revertir el declive y revigorizar el sector secundario que ha vivido Catalunya durante los últimos años.
Otro punto que las patronales han situado y que especialmente Pimec llevaba tiempo abanderando es acelerar la implementación de la ventanilla única para permisos empresariales. Aquí Aragonès se compromete a dotar de más presupuesto a los departamentos técnicos para acelerar trámites e impedir que se pierdan inversiones por la tardanza de permisos que dependen de medio ambiente, bomberos o urbanismo, entre otros.
Las ayudas
A través del IRSC se calculan casi todas las ayudas sociales que concede el Govern. La más popular es la Renda Garantida, aunque hay muchas más. Por ejemplo, una pareja con dos o tres hijos que viven en el área metropolitana de Barcelona no puede ingresar más de 29.000 euros al año para acceder a la lista de espera de pisos de emergencia social.
El IRSC también estipula quienes son las familias vulnerables a quien las compañías eléctricas no les pueden cortar la luz y determina el acceso a las becas comedor, las ayudas al pago del alquiler o el acceso a los repartos de alimentos derivado por servicios sociales. El indicador permanecía en el congelador desde el último gobierno de José Montilla, en 2010, si bien la ley dice que esta cifra debe revisarse cada año en el presupuesto de la Generalitat.
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Un asesor de Bill Clinton puso de moda hace 30 años una frase ocurrente y contundente: «Es la economía, estúpido». El candidato demócrata pretendía afearle a George Bush su predilección electoral por la política exterior; a partir de ahí, la frase se convirtió en un mantra. Oriol Junqueras tiene su particular estilo para los sermones políticos y en su advertencia a la oposición independentista y a la socialista para convencerles de la urgencia y prioridad de aprobar los presupuestos evitó calificarlos de estúpidos (solo les acusó de egoístas y miopes) por no saber percibir la legitimidad de ERC para exigir a todos que sometan sus intereses a los del Gobierno de Pere Aragonès. Junqueras soslayó naturalmente que Junts y PSC están legitimados también para negarles a los republicanos su apoyo.
Los presupuestos catalanes dependen en buena medida de la orientación de los presupuestos del Estado y estos están encaminados por Pedro Sánchez, gracias entre otros a los diputados de ERC. Las cuentas autonómicas no tienen porque ser miméticas, sin embargo, difícilmente desvirtuarán el carácter progresista de las del gobierno central que también lo es de Catalunya. Así las cosas, todo parece indicar que, tanto Junts como PSC, lo que le están diciendo a ERC cuando le apremian a negociar es que la decisión sobre qué votos eligen para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat «es política, estúpidos».
El presidente Aragonès quisiera aprobar los presupuestos con los votos de PSC, Junts, En Comú Podem y la CUP, evitándose el riesgo de elegir socio político para los meses que le quedan en el Gobierno. ERC rehúye una decisión trascendental para el futuro de la política catalana y en consecuencia para el país, su economía, para las relaciones con el Estado y para el ‘procés’ bis. La disyuntiva es entre la ruptura del bloqueo político y la apuesta por la transversalidad o la insistencia en la vieja política de «la puta y la Ramoneta» que el mismísimo Jordi Pujol dio por finiquitada en 2012.
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El incremento del importe de las prestaciones supone 144 millones de gasto más
El ‘president’ Pere Aragonès presentó ayer un centenar de medidas de impulso del catalán en diversos ámbitos del Govern, entre ellos la sanidad, las autoescuelas y el profesorado de secundaria, para lograr poder «vivir plenamente y libremente en catalán». Tras una reunión extraordinaria del Consell Executiu celebrada en el Institut d’Estudis Catalans (IEC), Aragonès aprovechó para sacar pecho sobre el conflicto del castellano en la escuela.
En respuesta a posiciones críticas de parte del independentismo, afirmó que «un año después [de la sentencia del Supremo sobre el castellano en las escuelas] el 25% lineal de castellano no se aplica» salvo el caso de 26 grupos sobre un total de 72.000. Aragonès se felicitó porque no se esté aplicando la referida sentencia «porque el poder legislativo y el ejecutivo hemos hecho nuestro trabajo en defensa del modelo lingüístico en la escuela».
Aragonès detalló, junto a la titular de Cultura del Govern, Natàlia Garriga, que entre las 100 medidas de impulso del catalán que el Govern ha aprobado, se incluye que en el máster de formación al profesorado de secundaria se introduzca la formación en «inmersión y gestión del multilingüismo para que todos los docentes tengan herramientas para mantener el catalán en las situaciones diversas de las aulas». Garriga
argumentó que «las aulas han cambiado» y se debe poder trasmitir el catalán «en todas las situaciones».
Entre las medidas adoptadas, Aragonès destacó el refuerzo del catalán en los hospitales y en los centros de atención a personas mayores o dependientes. También se fomentarán los contenidos en catalán en las autoescuelas para favorecer que los exámenes de conducir puedan ser en catalán sin la necesidad de una petición previa.
Rotulación en comercios
También se plantea que las sanciones por incumplir la rotulación en catalán en comercios se puedan sustituir por cursos formativos de catalán. Garriga explicó que se trabaja desde hace meses para adaptar el código de consumo y detallar que tanto los documentos legales de los comercios como la atención oral puedan tener una «disposición inmediata» en catalán. La voluntad no es sancionadora, señaló, dado que el 60% de los expedientes quedan archivados. En 2022 se han impuesto 33 sanciones en este ámbito. Ha habido 456 denuncias y 968 actuaciones de oficio.
Garriga también señaló como prioridad fomentar el catalán en el sector audiovisual, tanto en películas como series, mediante el diálogo con las plataformas de difusión. Aragonès se quejó de que el catalán sigue siendo «una lengua minorizada por un Estado que dificulta su plena normalización».
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