La Moncloa enerva a sus socios al elegir a Campo para el Constitucional
Unidas Podemos y ERC cargan contra la decisión de nombrar al extitular de Justicia
El Gobierno central dio ayer un paso arriesgado. Harto de los retrasos de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la hora de nombrar a los dos miembros del Tribunal Constitucional (TC) que le tocaba, el Consejo de Ministros decidió no esperar más y designar a los dos integrantes de su cuota. Una de las elegidas, Laura Díez, ha tenido cargos en la Moncloa, pero de tipo más bien técnico. El otro, en cambio, viene rodeado de polémica: Juan Carlos Campo, actual magistrado en la Audiencia Nacional, exdiputado socialista y exministro de Justicia. La decisión de la Moncloa no solo provocó duras críticas en el PP, con quien fue imposible sellar hace unos meses un pacto global sobre el CGPJ, sino también de los socios del PSOE, como Unidas
Podemos, que forma parte de la coalición, y ERC, un partido fundamental para aprobar la mayoría de leyes. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se esforzó en justificar la decisión de renovar, en general, y elegir a Campo, en particular.
«El Gobierno está obligado a cumplir con la Constitución. Hubiéramos deseado que estos nombramientos hubieran sido simultáneos a los del CGPJ. Pero la decisión de incumplir por parte del bloque conservador no puede conllevar que el Gobierno también incumpla», dijo, poco antes de ensalzar la trayectoria de Campo. El exministro, continuó Bolaños, es una «persona absolutamente acreditada e idónea para el Constitucional». Y el organismo, concluyó, «no es un órgano judicial, sino que es el máximo intérprete de la Constitución, por eso lo nombran órganos de naturaleza política». Para el PP, el exministro «va con la misión de ser el sheriff» del Ejecutivo. Pedro Sánchez, dijo Esteban González Pons, «ha ido demasiado lejos», porque los elegidos «son miembros del Gobierno» cuya función será «colonizar» el alto tribunal para «salvaguardar la legislación» del Ejecutivo, en referencia a que el TC deberá resolver recursos sobre normas tan importantes como las de la eutanasia, el aborto y la reforma laboral, paralizados mientras se produce su renovación.
«Puertas giratorias»
También Unidas Podemos afeó la decisión, en un momento en el que las relaciones entre los socios de coalición pasan por uno de sus peores momentos, debido sobre todo a las leyes que tienen que ver con el Ministerio de Igualdad. El portavoz de los morados en el Congreso, Jaume Asens, celebró que la Moncloa moviera ficha y renovara el TC, pero se distanció del nombramiento de Campo, acusando a la parte socialista del Ejecutivo de caer en el «cinismo» y recurrir a las «puertas giratorias». «Se nos ha comunicado a última hora. No es fruto de un pacto. Nos parece un acto de cinismo que se vetara a Victoria Rosell para ir al CGPJ, que es un órgano político, y en cambio se utilice una puerta giratoria para llevar a un exministro a un tribunal como el Constitucional», señaló. Según Bolaños, en cambio, Podemos «tenía información precisa». La reacción de ERC fue similar a la de los morados. Los nombramientos «chirrían», dijo Gabriel Rufián.
La renovación coloca al propio TC en una situación complicada. Es la primera vez que el Gobierno designa a los dos miembros que le tocan por cuota sin esperar al CGPJ, que lleva meses impidiendo la renovación del TC, cuyo mandato expiró en junio. El primer paso del Constitucional será comunicarle la designación del Ejecutivo, con la intención de que su núcleo duro conservador desbloquee la que le corresponde.
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El paso dado por el Gobierno pone en jaque al tribunal, cuyo primer paso será dirigirse al CGPJ