Sánchez se carga de razón al nombrar a dos magistrados pero abre otro conflicto
El Gobierno cumple con su obligación en el contencioso del Tribunal Constitucional mientras la derecha conservadora prepara el contragolpe en el Consejo del Poder Judicial.
El Ministerio de la Presidencia comunicó la noche del pasado lunes al presidente caducado del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, que procedería a nombrar en el Consejo de Ministros de ayer a los dos magistrados del Tribunal de Garantías que le corresponde para sustituir al propio González-Trevijano y a Antonio Narváez. No le informó de quiénes serían.
González-Trevijano desayunó ayer con los nombres del exministro Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia entre 2020 y 2022, Laura Díez. A continuación, según las fuentes del tribunal consultadas, nada más llegar a la madrileña calle de Doménico Scarlatti, convocó al vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y le transmitió que antes de convocar al Pleno de validación en el que los 12 miembros del TC votan en secreto sobre los nombres cursaría, al recibir la comunicación oficial de la Moncloa transmitiría la información al presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo.
Por cortesía institucional no se daría un plazo perentorio, pero se sobreentiende que debe ser breve para que los nombres de los dos candidatos del CGPJ se unan a los dos del Gobierno y los cuatro nuevos magistrados sean sometidos a la votación del Pleno. En principio hay un pleno ordinario previsto para el 22 de diciembre. En el CGPJ esos nombramientos están deliberadamente bloqueados al menos desde el 13 de septiembre por la acción de los vocales conservadores con el respaldo del Partido Popular. Mañana se reunirán Álvaro Puerta y José Luis Ballestero, progresista y conservador, para seguir la interminable negociación. Los progresistas quieren que se convoque un Pleno extraordinario de inmediato y no esperar a Navidades.
Este pacto entre González-Trevijano, conservador, y Xiol, progresista, fue presentado como un hecho consumado al Pleno del TC, que estaba anteriormente convocado. Fuentes del tribunal desmintieron el trampantojo de tensión que medios vinculados al «sindicato judicial y mediático» difundieron poco después de la reunión. «La verdad es que nadie puso objeción alguna a la comunicación al CGPJ. Es más, el Pleno aprobó varias sentencias que están en la cola», señaló una fuente a EL PERIÓDICO. «El debate no ha empezado», dijo otro magistrado consultado.
Si Pedro Sánchez acertó en la decisión de nombrar a los dos magistrados que tocaba designar al Gobierno ante la barricada erigida por la derecha sin rendirse a su táctica dilatoria, según dijeron diversas fuentes de varios tribunales a este diario, en cambio su elección por los nombres de los nuevos magistrados ha creado una desviación hacia el barullo político, situando en segundo plano la apuesta por nombrar ya, es decir, antes del 6 de diciembre.
«Da toda la impresión de que una vez abortado el acuerdo con el PP a finales de octubre, Sánchez ha decidido ir por libre y nombrar a quien le viniese en gana. Porque en ese pacto, había consenso en no nombrar en el CGPJ a nadie que procediese de la política. Con ese argumento se vetó a Vicky Rosell, de Unidas Podemos, que es directora para la lucha contra la Violencia de
Género en el Ministerio de Igualdad. Ahora, en cambio, el presidente ha optado por un exministro que el mismo cesó en julio de 2021 y por una exdirectora general. Ello después de acusar a Nuñez Feijóo en el Senado el 22 de noviembre de haber nombrado «a un militante del Partido Popular al frente del TC mientras gobernaban», en alusión al magistrado Francisco Pérez de los Cobos.
Con todo, el presidente repite con los nombramientos en el TC, en rigor, la experiencia de nombrar a Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado (FGE) en febrero de 2020 después de cesarla como ministra de Justicia. Es decir: uno de los suyos y de total confianza del PSOE.
Precisamente, el compromiso de no incurrir nunca más en un nombramiento de ese tenor –de ministra o ministro a fiscal general del Estado– también estaba contemplado en el pacto abortado entre Sánchez y Feijóo.
Hasta ayer, el debate que presentaba el «sindicato judicial-mediático» –la coalición de magistrados conservadores del Supremo, del CGPJ, el PP y varios medios de comunicación– colocaba el acento en que no se puede sustituir a González-Trevijano y a Narváez si al tiempo el CGPJ no designa a los otros dos caducados, Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol. En resumen: o se renueva un tercio de los 12, es decir, cuatro o nada.
El nombrar «es una potestad sin duda, pero también al tiempo, un deber ex Constitutione [desde la Constitución] con términos trasladables aquí respecto de previsiones legales relativas a la renovación de este mismo Tribunal Constitucional». Pero, ahora, con el desahogo de Sánchez, el debate se desplazará al perfil político de los candidatos en un totum revolutum, esto es España. El principal perjudicado, en realidad, es el sector progresista que va a ser mayoritaria una vez aprobados los cuatro nombramientos, si se aprueban.
Ahora el CGPJ tiene la pelota en su tejado. Y, atención, la derecha y sus sindicato judicial-mediático tienen poder. Un solo voto arrancado al sector progresista en el Consejo –por ejemplo, el de la presunta progresista Mar Cabrejas– pueden darle la mayoría para elegir a su propio candidato –Pablo Llarena o el héroe del ideólogo del CGPJ, del bufete Cuatrecasas, José María Macías– y, lo que es más importante también a su progresista preferido: Pablo Lucas. La batalla ha entrado en una nueva fase.
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