Cárcel para puteros y protección para las víctimas de trata
El Gobierno aprueba una norma contra todas las formas de trata, que incluye medidas para desincentivar la demanda de explotación sexual.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos, una norma que estaba pendiente desde que Carmen Calvo era la anterior ministra de Igualdad, allá por 2018. La aprobación de la norma no ha sido sencilla, dada la complejidad de perseguir un delito con ramificaciones internacionales y las diferentes propuestas gubernamentales. Igualdad había propuesto una ley centrada exclusivamente en la trata con fines de explotación sexual. Justicia, por su parte, había apostado por una ley integral contra todos los tipos de trata –también el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud o el tráfico de órganos–, que finalmente ha sido la que ha visto la luz.
El texto legal, aprobado en primera vuelta, aborda «conjuntamente la lucha contra todas las formas de trata» y, en este marco, contiene medidas novedosas contra la explotación sexual, que es la modalidad de trata más extendida. Así, contempla penas de uno a cuatro años para los puteros, en un artículo que queda redactado así, según el borrador legal aprobado por el Gobierno y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO: «Quien sin haber intervenido como autor o partícipe haga uso de los servicios, prestaciones o actividades de la víctima» de trata con fines de explotación sexual (y el resto de fines) «será castigado con penas de prisión de uno a cuatro años».