La tensión en el Gobierno pospone la ley de familias
La ministra Ione Belarra acusa al «ala socialista» del Ejecutivo de retrasar la norma con «argumentos incomprensibles».
No obstante, quedará «exento» del castigo quien haya acudido a la prostituta que esté siendo explotada «ocasionalmente» y denuncie la situación a la autoridad antes de la apertura de las diligencias policiales. Será sancionado también con hasta cuatro años de prisión quien promueva la explotación a través del alquiler de un local o vivienda para las víctimas. Estas medidas van en la línea de la abolición de la prostitución que defiende el PSOE y que ha incluido en su ley contra el proxenetismo, que ya está en las Cortes e incluye multas a los puteros. No obstante, habrá que ver cómo acaba la negociación porque Unidas Podemos se opone a aprobar nuevas multas que puedan tener consecuencias negativas para las mujeres que ejercen la prostitución.
La formación morada es más partidaria de ayudar a las víctimas con planes de inserción y permisos de residencia, dado que la mayoría son extranjeras. Por ello, ha estado batallando, a través del Ministerio de Igualdad, hasta el último momento para que la ley incluya la posibilidad de que las víctimas sin papeles puedan acceder a la residencia en España, así como a un permiso de trabajo, sin necesidad de colaborar con la policía o denunciar.
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El Ministerio de Derechos Sociales informó el lunes que la ley de familias no se aprobaría ayer en el Consejo de Ministros, en contra de lo que había previsto y anunciado el departamento capitaneado por Ione Belarra. El proyecto legal, que contiene ayudas económicas y a la conciliación y reconoce la diversidad familiar, vuelve así a retrasarse, en un clima de alta tensión entre los dos socios por el choque en torno a la ley trans, que llega después de que se conocieran las primeras rebajas de penas que está provocando la ley del solo sí es sí. El frenazo de última hora a la ley de familias se produce a pesar de que la norma ha pasado «ya por todos los trámites formales previos, es un hito del plan de recuperación y forma parte del acuerdo de presupuestos para 2023».
De hecho, en la negociación sobre las cuentas, PSOE y Podemos acordaron que la ley, que contiene un cheque bebé que entrará en vigor en enero de 2023, se aprobaría en octubre, pero tampoco llegó entonces al Consejo de Ministros, según Derechos Sociales, por las «resistencias» del Ministerio de Hacienda a incluir en el texto legal alguna de las medidas acordadas.
La propia Belarra, en un vídeo difundido en las redes sociales, culpó al ala socialista del Gobierno de retrasar la ley por «argumentos incomprensibles» cuando la norma debería ser un «símbolo de unidad» entre los dos socios y es un proyecto «legislativo urgente».
De hecho, si no es aprobado en un futuro inmediato, corre el peligro de que no pueda entrar en vigor esta legislatura, dado que queda poco más de un año hasta las elecciones generales.
Asimismo, el portavoz de Podemos
en el Congreso, Pablo Echenique, insinuó que el PSOE podría estar actuando «con algún tipo de cálculo político o electoral» al frenar las normas emanadas de ministerios morados, mientras que su homólogo socialista, Patxi López, pidió a su socio que «no busque fantasmas» e insinuó que el retraso en la ley de familias obedece a un problema de competencias. En concreto, el proyecto de ley incorpora la ampliación a más familias de la ayuda de 100 euros mensuales por hijo, hasta que el niño cumpla tres años, que perciben las madres trabajadoras, pero no será una ayuda universal, como quería Unidas Podemos. Durante la negociación de los Presupuestos en el seno del Gobierno se acordó que el llamado cheque bebé se extienda también a las madres que cobren el paro o hayan trabajado al menos 30 días desde el nacimiento, lo que deja fuera a las que no hayan cotizado nunca.
Asimismo, la ley incorpora permisos retribuidos de hasta nueve días al año para el cuidado de un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o un conviviente. En la actualidad el Estatuto de los Trabajadores permite dos días por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de parientes, pero el convenio colectivo puede establecer más días.
Al mismo tiempo, la norma crea un permiso parental de ocho semanas que podrá disfrutarse de manera discontinua o continua hasta que el menor cumpla ocho años, pero esta baja laboral no es retribuida. Y, otra de las medidas más importantes, es la equiparación a las familias numerosas de las monoparentales con dos hijos, dado que su índice de pobreza es mayor que el de las familias biparentales.
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El aplazamiento se produce después del choque entre los dos socios por la ‘ley trans’