Bruselas pide congelar 13.300 millones de ayudas para Hungría
▶ La Comisión Europea insiste en bloquear fondos hasta que el Gobierno de Orbán respete el Estado de derecho y cumpla con las reformas pactadas
La Comisión Europea no ha cambiado de parecer respecto a Hungría. El Gobierno de Viktor Orbán ha dado en las últimas semanas pasos en la «dirección correcta» pero de momento siguen siendo insuficientes para «disipar los riesgos» que planean entorno a la independencia de la justicia, que «ha seguido deteriorándose», y la lucha contra la corrupción. El resultado de este análisis es que propone mantener congelados 13.300 millones de euros en fondos asignados a Hungría: 7.500 millones en fondos de cohesión del período 2021-2027 y los 5.800 millones del plan de recuperación Next Generation EU. Según Bruselas, el desembolso del dinero tendrá que seguir paralizado hasta que Budapest cumpla con las reformas comprometidas para garantizar la independencia judicial.
La primera de las decisiones afecta al mecanismo de condicionalidad activado por Bruselas por los problemas, irregularidades y deficiencias sistémicas con el Estado de derecho identificadas en Hungría. Un mecanismo que se puede activar cuando están en juego los intereses financieros de la UE y que llevó al equipo de Ursula von der Leyen a plantear a mediados de septiembre la congelación de un tercio de los fondos de cohesión (7.500 millones de euros) asignados al país durante este marco presupuestario. Tras semanas de tira y afloja, Orbán respondió con un paquete de 17 medidas correctoras, con un lista de reformas y un calendario preciso. Dos meses después –el plazo expiró el 19 de noviembre-Bruselas cree que los avances no son suficientes.
Medidas por cumplir
«A pesar de las medidas adoptadas, sigue existiendo un riesgo para el presupuesto de la UE, dado que las medidas correctoras que aún deben cumplirse son de carácter estructural y horizontal», estima la Comisión. «Si bien se han emprendido o están en curso una serie de reformas, Hungría no ha aplicado adecuadamente los aspectos centrales de las 17 medidas correctoras necesarias acordadas, tal como se había comprometido», añadió la Comisión sobre elementos como la eficacia de la recién creada Autoridad de Integridad y al procedimiento de revisión judicial de las decisiones judiciales. Como consecuencia, el Ejecutivo comunitario propone mantener su propuesta de congelación de fondos de tres programas operativos y de no contraer compromisos jurídicos con ningún fondo de interés público. La decisión final, no obstante, la tendrán que tomar los ministros de Economía y Finanzas de la UE, por mayoría cualificada, antes del 19 de diciembre.
La segunda decisión se refiere al plan de recuperación y a los 5.800 millones asignados a Hungría, el único que queda por aprobar y que ha estado año y medio en el cajón del Ejecutivo comunitario por los problemas con el Estado de derecho. Finalmente –la fecha límite para que se apruebe expira a finales de año–, Bruselas propone aprobar el plan –la decisión final la tendrán también los Veintisiete– pero no habrá desembolso de fondos hasta que el Gobierno de Orban ejecute todas las reformas comprometidas, entre ellas, según ha puntualizado el vicepresidente de la Comisión, Valdis Domvrovskis, 27 hitos que incluyen garantizar la independencia judicial.
La UE quiere que los jueces húngaros puedan consultar al TJUE, algo que ahora no pueden hacer
Judicatura independiente
«Todos los hitos deberán cumplirse antes de solicitar los pagos. No habrá financiación hasta que los hitos se ejecuten convenientemente», explicó. Concretamente, Orbán tendrá que cumplir cuatro hitos en materia de independencia judicial, que serán vinculantes y con plazos concretos. En primer lugar, la creación de un consejo judicial nacional compuesto por jueces elegidos por sus pares que consideran «vital» para garantizar el sistema de controles y equilibrios así como un Tribunal Supremo independiente, con un mandato único y no renovable.
El listado se completa con la posibilidad de que todos los jueces puedan remitir cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE, algo que ahora no ocurre y no es compatible con la legislación europea. «No habrá un pago parcial si el cumplimiento es parcial. Si las reformas se desmantelan tras el primer pago los siguientes no se llevarán a cabo», ha avisado el comisario de Justicia, Didier Reynders. ■