Del acuerdo social al político
El Gobierno catalán ha alcanzado un principio de acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales catalanas para incluir en los presupuestos de la Generalitat de 2023 algunas partidas y disposiciones consideradas esenciales por los interlocutores sociales. Desde medidas y recursos para apoyar la reindustrialización y la formación profesional y agilizar trámites administrativos a un incremento del 8% del Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, una cifra de referencia teórica pero con consecuencias muy concretas, al arrastrar automáticamente los umbrales de acceso y el importe de prestaciones sociales básicas como las becas de comedor, las ayudas para vivienda social, las garantías frente a la pobreza energética o la Renda Garantida de Ciutadania.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, confía en que este acuerdo social sirva como argumento adicional para hacer posible el sí y aún más difícil de justificar el no a sus cuentas por parte de los imprescindibles socios de circunstancias necesarios para que un Govern en una innegable minoría en el Parlament pueda aprobar las cuentas.
Poner sobre la mesa de negociación este primer éxito debería ser un facilitador del acuerdo, pero es algo aún insuficiente. PSC y ‘comuns’ (especialmente los primeros, después de ver cómo se rehuía sonoramente su colaboración desde ERC tras la ruptura con Junts) exigen gestos de apertura a la negociación sin remilgos por parte del Govern. Es positivo que una mesa de diálogo social tenga frutos tangibles, pero no es menos necesario que Esquerra asuma la necesidad de una mesa de diálogo político en Catalunya, tanto como lo es entre los ejecutivos de Barcelona y Madrid, para crear el clima de confianza y respeto mutuo necesario. Con todo, la responsabilidad también recae en los grupos de la oposición. La reclamación de que cualquier acuerdo sea previo a la aprobación del proyecto de cuentas por el Govern, y no posterior a su remisión al Parlament, es una formalidad que no debería ser impedimento para un objetivo mayor, el de impedir una paralizadora prórroga presupuestaria en un momento en que el país no se lo puede permitir.
Por parte de Junts, su actitud no casa demasiado con el hecho de que la elaboración inicial de las cuentas haya sido responsabilidad de una Conselleria d’Economia que aún estaba en sus manos. Sí con su condena al apoyo por parte de ERC y PDECat a los Presupuestos Generales, aunque sean los que han de hacer posible unos presupuestos de la Generalitat viables. La presentación de una serie de condiciones difícilmente aceptables por los ‘comuns’ parece indicar que los exsocios de Aragonès se sentirían más cómodos señalando a ERC por llegar a un acuerdo con socialistas y ‘comuns’ que asumiendo compromisos con el partido de Junqueras con su salida del Govern tan en carne viva.
No es nada nuevo, pero sí llamativo y preocupante, que el diálogo social sea más fácil que el político. Tenemos el precedente a nivel español: ya resultó más asequible para Pedro Sánchez alcanzar puntos de encuentro con los interlocutores sociales en torno a las medidas de choque frente a la crisis del covid-19 que en el Congreso de los Diputados. Pero la necesidad de evitar el escenario indeseado de un 2023 sin unos nuevos presupuestos no debería preocupar menos a los partidos en posición de llegar a compromisos con el Govern de lo que ha importado a Foment, Pimec, CCOO o UGT. Una vez más echamos a faltar que la filosofía del acuerdo social impregne también el diálogo político.
■