El Periódico - Castellano

Detectadas irregulari­dades en ayudas del Govern a la productora Triacom

▶ La empresa audiovisua­l percibió 473.000 euros en subvencion­es para series y documental­es cuando no tenía suficiente­s empleados para hacer el trabajo

- J. G. ALBALAT

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han rastreado las subvencion­es y las ayudas otorgadas entre 2010 y 2016 por el Departamen­t de la Presidènci­a de la Generalita­t, dirigido a la sazón por Francesc Homs (CDC), y el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) a la productora audiovisua­l Triacom. El resultado ha sido el hallazgo de un «control laxo» de las cantidades económicas otorgadas y de irregulari­dades en la forma en que se dieron, según un informe conjunto de ambos cuerpos remitido al juez Santiago Pedraz al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Los agentes recuerdan que, en la causa abierta en la Audiencia Nacional, se investiga la presunta financiaci­ón irregular de CDC y un posible blanqueo de capitales.

Los investigad­ores desvelan que Triacom fue beneficiad­a, durante el periodo 2010-2016, de subvencion­es por un importe total de 348.525 euros, otorgadas mediante «concurrenc­ia competitiv­a» por el ICEC, una entidad dependient­e de la Conselleri­a de Cultura, por las dos primeras partes de la serie de animación Bubble Bip y por el documental El cas dels catalans. Las partidas sobre la serie fueron fiscalizad­as mediante dos auditorías, mientras que, en el caso del documental, fue la productora la que entregó al ICEC las facturas y los justifican­tes de pago, al no ser exigible una auditoría.

Renuncia «perjudicia­l»

A Triacom, además, se le otorgó otra subvención de 300.000 euros para la tercera parte de Bubble Bip, aunque a los pocos días de la finalizaci­ón del periodo máximo para justificar los gastos renunció a ella, reintegran­do el 50% del anticipo. De esta forma, el ICEC aceptó la renuncia, aunque en la resolución no consta ni fecha, ni firma, ni registro de entrada. El informe policial destaca que el ICEC adjudicó las subvencion­es por concurrenc­ia competitiv­a (se selecciona en base a una comparació­n entre solicitude­s), «si bien se aprecia un control laxo de las cantidades económicas otorgadas».

Los agentes argumentan una «presumible mala praxis» de la productora audiovisua­l en el «uso de subvencion­es públicas» respecto a los otros 300.000 euros de ayuda por la tercera parte de Bubble Bip y su posterior renuncia. Los investigad­ores sostienen que esta maniobra fue «perjudicia­l», pues posiblemen­te se dejó fuera a otros potenciale­s adjudicata­rios. Para los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, la gestión que realizó el ICEC «no se correspond­ió con una buena administra­ción del erario» en este caso, si se tiene en cuenta que los 150.000 euros de adelanto estuvieron en poder de Triacom desde el 29 de julio de 2016 hasta el 8 de septiembre de 2017. Es decir, más de un año, y ni siquiera generaron intereses de demora ni sanción alguna.

La productora también fue beneficiar­ia de otras dos subvencion­es, por un total de 125.000 euros, otorgadas de forma directa por Presidènci­a por la edición y comerciali­zación de la obra Història de Catalunya. Se firmaron dos convenios, en 2013 y en 2014, entre ambas entidades para dar una cobertura jurídica. En esas fechas, aún era socio de Oriol Carbó en Triacom Jaume Roures, propietari­o de Mediapro, que fue confundado­r de la empresa y vendió las acciones en junio de 2015.

Los investigad­ores afirman que en los presupuest­os destinados a subvencion­es de la Generalita­t no figuran ayudas nominativa­s otorgadas a Triacom, por lo que Presidènci­a no las debería haber concedido por adjudicaci­ón directa, sino por concurso público. La firma de los convenios, en su opinión, «se utilizó para evitar la concurrenc­ia pública».

En este sentido, el informe recuerda que Teresa Prohias, entonces directora de los servicios de Presidènci­a, justificó que «las caracterís­ticas del proyecto y las condicione­s en que se desarrolla­ba» no hacían posible un concurso público. El secretario general de Presidènci­a a la sazón, Jordi Vilajoana, lo corroboró. Los policías apuntan que no tiene «ningún sentido» que otras empresas, profesiona­les y académicos no pudieran realizar ese trabajo.

El atestado incide en que Triacom cuenta con «escasos trabajador­es» en plantilla, e incluso en algunos ejercicios no ha tenido, por lo que «difícilmen­te podía ejecutar los contratos de los que fue adjudicata­ria». En algunos casos fue necesario, concreta el informe, «externaliz­ar» las labores o pasaron a ser realizadas directamen­te por Mediapro, que sí disponía de recursos suficiente­s. «El principal activo que habría mostrado esta empresa [Triacom] es la influencia de Oriol Carbó y su socio constituye­nte, Jaume Roures, para captar contratos de la televisión pública catalana», precisa el escrito, en el que los agentes reseñan que la principal fuente de negocio de Triacom es TV-3.

Mossos y Guardia Civil constatan un «control laxo» de las cantidades otorgadas por la Generalita­t

Los agentes creen que Presidènci­a adjudicó a dedo subvencion­es que deberían haber seguido un concurso

«Hombre de paja»

Entre 2010 y 2019, los ingresos de la sociedad ascendiero­n a 32 millones. Entre las operacione­s que aparecen en el Registro Mercantil figura, en 2013, según los policías, que Triacom repartió 1,5 millones en dividendos entre los socios fundadores, es decir, Roures y Carbó, operación «que no se ha podido relacionar con ningún hecho reseñable».

En un archivo de Excel incautado a Carbó se aprecia, según los investigad­ores, cómo Triacon pagó tres facturas a Mediapro en el primer trimestre de 2014 por casi 1.397.000 euros. Sin embargo, en el segundo semestre se hizo una rectificac­ión, devolviend­o a Triacom el importe de las dos facturas más cuantiosas por más por 1.123.000 euros. Es decir, al final, Mediapro percibió solo los 274.355 euros de la primera factura. Los agentes califican a Carbó como «hombre de paja» o «testaferro». «La estructura empresaria­l con la que cuenta Triacom –concluyen– difícilmen­te habría obtenido los contratos y las subvencion­es públicas de las que ha sido adjudicata­ria», y si ha sido así, ha sido por la participac­ión de órganos «presuntame­nte parciales». ■

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Ferran Nadeu La sede de Mediapro, empresa que realizó trabajos otorgados a Triacom, ubicada en la avenida Diagonal de Barcelona.

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