¿Hacia dónde vamos?
Se ha producido un proceso de degradación en el Congreso que genera un alejamiento de la ciudadanía, un desconcierto y una repulsa indignada por la carencia de sensatez de los representantes del pueblo
Las críticas de los partidos de derechas contra la ley del ‘sí es sí’ y en especial contra su ministra no ayudan a entender el contenido ni las discrepancias previsibles
A principios de otoño se inició un periodo lleno de dudas, incógnitas y preocupaciones: la guerra ucraniana y sus consecuencias económicas y sociales, la crisis energética, la constante y potente subida de precios de los productos alimenticios básicos, la inflación... Todo el mundo esperaba que los gobiernos europeos, estatales y autonómicos dedicarían sus esfuerzos y su capacidad de contar con el mundo empresarial, sindical y social a tratar de resolver todas las incertidumbres, a influir en la mejora de todas las situaciones conflictivas y a paliar los costes que afectaban a toda la población y en especial a la más desfavorecida. Desgraciadamente, no parece que se haya avanzado demasiado.
La guerra continúa y no se ve cómo se resolverá el conflicto: cada vez son más evidentes las repercusiones humanas que sufren los países confrontados y las económicas y sociales que se extienden por Europa. La crisis medioambiental y energética, incrementada con la sequía que impera en España, no ha encontrado en la cumbre mundial recientemente celebrada en Egipto ninguna perspectiva de solución eficaz y compartida; tampoco está claro cómo evolucionará el precio del gas ni el coste de la electricidad, pese a que la península ibérica tenga una normativa europea que le favorece y que el resto de estados europeos quiere que también les sea aplicada. Aunque la inflación ha dejado de subir y ha pasado del 10 al 7%, en cifras redondas, los precios de la alimentación y de los productos básicos siguen subiendo y no hay quien avise de hasta cuánto y a lo largo de qué tiempo.
Sabemos poco de lo que hace Europa, quizás a partir de enero con la presidencia española recibiremos más información; en España no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial pero sí que se han aprobado los Presupuestos de 2023; en Catalunya, el Govern se ha partido y ahora lo constituye ERC con solo 33 escaños, el Parlament sigue sin escoger su presidencia, no sabemos si habrá Presupuestos ni cómo podrá sobrevivir un Gobierno tan minoritario.
Existen además situaciones insólitas, como el comportamiento de algunos partidos y diputadas y diputados en el Congreso o el deterioro imparable de la medicina pública en todo el Estado, en especial en Madrid. Desde la legislatura que viví personalmente, 1979-1982, donde la corrección, la educación y el respeto al reglamento eran indiscutibles, se ha producido un proceso de degradación que está generando un alejamiento de la ciudadanía, un desconcierto y también una repulsa indignada por la carencia de sensatez y de rigor de los representantes de todo el pueblo; es necesario tener libertad de expresión, se debe poder discutir y rebatir opiniones ajenas pero desde la argumentación y no desde los insultos. Los insultos demuestran precisamente la falta de argumentación. La última semana, el comportamiento de algunos electos ha degradado el Congreso y si no se adoptan medidas adecuadas para evitarlo, la democracia se debilitará.
La medicina pública, que a lo largo de bastantes años ha sido uno de los mayores logros de la democracia española y que ha situado algunos centros hospitalarios entre los mejores de Europa, ejerció a lo largo de la inesperada y durísima pandemia un papel excelente y una dedicación admirable. Sin embargo, ahora la situación ha empeorado y no se contempla ninguna opción estratégica para recuperar el nivel ni ninguna medida concreta para hacer frente a los déficits de personal, de medios técnicos y de condiciones generales. Las huelgas en Madrid y otros lugares del Estado y las anunciadas en Catalunya son una clara reclamación de todo lo que hay que mejorar.
Por último, las reacciones a la ley de igualdad del sí es sí, tanto en el ámbito político como en el jurídico, significan una grave confrontación entre instancias institucionales del más alto nivel, ya que la posición de la Fiscalía General y del Tribunal Supremo es opuesta, así como la de diversas Audiencias autonómicas. Por lo que respecta a la política, las críticas de los partidos de derechas contra la ley y en especial contra su ministra no ayudan a entender el contenido del texto ni las discrepancias previsibles, sino que debilitan el interés de la población por legislaciones que aspiran a mejorar la desigualdad.
Parece que no vamos bien.
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