La larga sombra del 3%
Hace ya 17 años que en el hemiciclo del Parlament de Catalunya restalló aquel «Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3%» de Pasqual Maragall dirigido a Artur Mas. A lo largo de este periodo, por los juzgados han ido desfilando varias causas en las que se iban desvelando prácticas de financiación ilegal, enriquecimiento particular, evasión de impuestos u obtención de contratos a cambio de comisiones (todas ellas en última instancia, independientemente del beneficiario, en perjuicio de las arcas públicas y de la salud democrática del país). Algunas ya con sentencia condenatoria (los casos del Palau de la Música, de los contratos de la ITV, el caso Pretoria) y otras pendientes de juicio (el caso Pujol y el del 3%). De esta última causa madre sobre la financiación de CDC en forma de comisiones se ha desprendido ahora una nueva investigación que busca averiguar si pagos realizados por empresas del Ibex a una productora audiovisual, Triacom, no se correspondían a servicios reales (o proporcionales al importe facturado), si esa empresa canalizaba esos recursos en beneficio de Convergència Democràtica, si esas aportaciones económicas tenían como contraprestación la obtención de contratos públicos y si esa empresa, además, recibía injustificadamente financiación pública. Cada una de esas cuatro presuntas irregularidades puede ser probada o no y es susceptible de constituir acciones fraudulentas o delitos. Los indicios son suficientes para justificar que sean investigadas, y solo la información que se obtenga durante la instrucción y sea contrastada ante un tribunal permitirá llegar a un veredicto y probar o no si unas y otras tienen relaciones ilícitas de causa-efecto.
Los sospechosos pagos investigados por el juez a partir de informes de los Mossos y de la Guardia Civil (no de dosieres sobre bases etéreas urdidos por policías patrióticas para ser manejados como arma de lawfare) se produjeron entre 2009 y 2013. Dinámicas enquistadas durante las dos décadas de pujolismo, o que afectaron a un ayuntamiento con alcalde socialista como el de Sabadell, siguieron activas más allá de aquel primer toque de atención de l 24 de febrero de 2005, igual que lo hicieron tras aquel primer caso Treball que afectó a Unió. Tardarían aún años los espacios políticos en los que prosperaron estas prácticas en verse en la obligación de mutar de identidad, hipotecada económica y políticamente, aunque algunos nombres quizá solo hayan pasado de la sala de máquinas a la trastienda. Una década se hizo esperar el reconocimiento por parte de Jordi Pujol de los depósitos de su familia en Andorra. Quizá la corrupción sea «consustancial» a la vida pública como afirma Lluís Prenafeta ante las cámaras, pero solo la impunidad permite que crezca y se multiplique. El silencio es la primera condición para que esta sea posible. Y no verse atado por él, algo que tampoco se logró en su debido momento ante figuras como la del anterior monarca, una obligación higiénica.
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El silencio y la sensación de impunidad hicieron que las prácticas que siguen desfilando por los juzgados prosperaran durante décadas
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