Alarma por el Constitucional
El conservador Pedro González-Trevijano, presidente del alto tribunal, ha retrasado la entrada de dos nuevos magistrados
La incapacidad de todo pacto entre el PSOE y el PP amenaza ahora con convertir el tribunal en un terreno de descarada lucha política y discutible legitimidad
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva cuatro años de retraso en su obligada renovación. El PP la retarda con excusas desde el pacto frustrado PSOE-PP por el que Manuel Marchena –presidente de la sala segunda del Supremo– iba a ser el nuevo presidente del CGPJ. El pacto se hundió porque Ignacio Cosidó –alto cargo del PP– envió una nota interna afirmando que el pacto convenía mucho porque, con Marchena, controlarían la sala de lo penal –la que juzga a los políticos– «por la puerta de detrás». El escándalo fue mayúsculo.
Pero con el relevo de Casado por Feijóo pareció que todo cambiaría y tras la dimisión del presidente del Supremo, el conservador Carlos Lesmes, en protesta por el bloqueo, se logró un principio de acuerdo. Pero Feijóo lo acabó rompiendo: el Gobierno iba a cambiar el delito de sedición para favorecer al independentismo. Feijóo estuvo muy presionado por un núcleo jurídico-mediático de Madrid que cree que lo de la sedición quitará autoridad ante Europa a la sentencia del Supremo contra los dirigentes del ‘procés’.
España vive así la gran anomalía de un CGPJ en funciones al que, además, una ley del Gobierno –para forzar la renovación– le quitó relevantes poderes. Y lo peor puede venir ahora, porque el Tribunal Constitucional (TC), que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de las leyes, ya está en casi parálisis. Y no se puede descartar que su presidente, el conservador Pedro González-Trevijano, intente prolongar la extraña situación.
La renovación del TC se hace por tercios en el Congreso y el Senado. Pero el último tercio es el de dos magistrados elegidos por el CGPJ y otros dos nombrados por el Gobierno. Lo que sigue no es un laberinto, sino la espinosa realidad. Sánchez modificó su ley para que el CGPJ recuperara la facultad de nombrar a los dos magistrados del TC antes del 13 de septiembre y el Gobierno designara a los dos miembros del tercio que le tocan.
Pero la derecha judicial ha ido dilatando –otra vez con excusas– la decisión del CGPJ. La clave es que ahora en el TC hay mayoría conservadora de 6 a 5 (dimitió un juez conservador) y con la renovación la mayoría será progresista de 7 a 4. Y si el Senado renueva al dimitido juez conservador, de 7 a 5.
Pero como el CGPJ demora su elección, el Gobierno ha decidido que no podía retrasar más el nombramiento de sus dos magistrados y ha elegido al exministro Juan Carlos Campo y a la catedrática Laura Díez. Es una decisión acorde con la ley, pero polémica porque –aunque sí miembros de partidos– nunca ha habido un exministro en el TC. No pasa en otros países. En Francia, Laurent Fabius, ex primer ministro de Mitterrand, preside el similar Consejo Constitucional.
Tres magistrados del TC progresistas (Ramon Sáez, Inmaculada Montalbán y Conde Pumpido) pidieron enseguida –tienen potestad, según el artículo 4 del reglamento– un pleno para verificar la idoneidad de los nombrados y que tomaran posesión de sus cargos. Pero el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, que debe salir del Tribunal (fue nombrado por Rajoy hace 9 años), se ha negado. Aduce que conviene esperar a la reunión del CGPJ del próximo día 22, para que los cuatro nuevos magistrados entren al mismo tiempo.
Pero no hay ninguna garantía de que esta vez el CGPP lo haga. Y el TC no solo puede acentuar su extraña situación (el recurso contra la ley del aborto de Zapatero lleva 10 años de retraso), sino entrar en una legitimidad moral y jurídica discutible. ¿Puede Trevijano, nombrado hace 9 años por el Gobierno Rajoy, seguir ejerciendo de presidente cuando el actual Gobierno ya ha nombrado a su relevo? ¿Quiere Trevijano alargar su mandato? ¿Qué pasará si el próximo 22 el CGPJ sigue sin nombrar a sus magistrados?
Demasiados interrogantes. La incompatibilidad entre el PSOE y el PP para proceder a una de sus más claras obligaciones –renovar el CGPJ y el TC– amenaza a la democracia con entrar en una zona pantanosa. Intentemos ser objetivos. El Gobierno no siempre ha actuado ni bien ni con olfato político, pero el PP ha boicoteado empecinadamente unas renovaciones con las que, fruto de las elecciones del 2019, iba a perder el dominio que tiene desde la época Rajoy.
Y si Trevijano intentara estirar su mandato se dispararían todas las señales de alarma. ■