Regular los consulados honorarios
Como es sabido, la globalización ha facilitado actuaciones ilícitas o criminales en muchos ámbitos. También en el de la actividad de los cónsules honorarios, donde la falta de transparencia y regulación de estos cargos ha permitido todo tipo de irregularidades. Unas destinadas al enriquecimiento personal, y otras orientadas a quebrantar la ley al amparo del cargo, con propósitos que van desde cuestiones fiscales hasta el tráfico de drogas o el terrorismo. Sin embargo, la misma globalización ha hecho posible, mediante una colaboración a escala planetaria, denunciar delitos urdidos por cientos de consulados honorarios y demostrar que esta figura para-diplomática necesita ser regulada urgentemente. Es el caso del trabajo periodístico llevado a cabo por Pro Pública y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), del que forma parte EL PERIÓDICO, que ha permitido denunciar la existencia de abusos en más de 500 consulados honorarios (de los miles existentes), de los cuales 29 están vinculados a España de un modo u otro.
El trabajo de investigación del ICIJ, que se ha publicado en las páginas de este diario, revela una variada tipología de delitos cometidos por cónsules honorarios utilizando sus facilidades de movimiento, la inviolabilidad de sus archivos y las exenciones fiscales de las que se benefician. La más frecuente es la que permite utilizar el cargo para asuntos personales en vez de dedicarlo a la promoción turística, el fomento de los intercambios comerciales, científicos o universitarios, o las actividades destinadas a mejorar el conocimiento mutuo entre las dos sociedades. En algunos casos, el uso de valijas que escapan al control aduanero ha permitido delitos de mayor envergadura como son el tráfico de estupefacientes, de antigüedades o incluso de armas. Como sucedió en Catalunya, donde el llamado clan Jodorovich utilizó consulados honorarios de diversos países para desarrollar su red de narcotráfico. Ello explica que en algunos casos estos diplomáticos voluntarios hayan llegado a pagar importantes sumas para ostentar la representación de un Estado. Todas estas actividades ilegales –y a veces atentatorias de la seguridad interior del país donde ejercen– deberían estar reguladas.
El cúmulo de infracciones detectadas demuestra que existe un vacío legal en el nombramiento de los cónsules y en la fiscalización de su actividad. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 ha quedado desfasada en muchos aspectos, como consecuencia de la globalización a la que nos referíamos antes. Particularmente, en lo que se refiere a la figura de los cónsules honorarios, que se ha multiplicado en los últimos años. En muchos casos, en beneficio de los intercambios mutuos, pero en otros en estrecha relación con la creciente intervención en los asuntos internos de otros países que llevan a cabo algunos estados. Este es el caso de la Rusia de Putin, que ha multiplicado por cuatro los nombramientos de cónsules honorarios, muchos de ellos involucrados en la política exterior rusa, sobre todo desde la invasión de Ucrania. En consecuencia, la actualización de la Convención de Viena debería garantizar que el nombramiento de los cónsules y el beneplácito que necesitan por parte del país de destino estuviera sujeto a severos controles que garanticen la honorabilidad de las personas propuestas. La Convención también debería asegurar que su actividad estuviera sujeta a una mayor transparencia, que permita comprobar que el cargo se ejerce en pro del bien común de los dos países involucrados.
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Se debería garantizar que el nombramiento de los cónsules estuviera sujeto a controles que aseguren la honorabilidad de las personas propuestas
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