El Gobierno negocia con la banca la distribución de los créditos verdes
▶ El objetivo es que las entidades colaboren con el ICO para canalizar con su red de oficinas hasta 31.080 millones de euros en préstamos para fomentar proyectos para la transición ecológica
Nueva negociación entre el Gobierno y la banca. Tras cerrar con acuerdo hace dos semanas el plan de ayuda a los hipotecados vulnerables y de clase media en apuros, el Ministerio de Economía y las patronales bancarias AEB (bancos tradicionales) y CECA (antiguas cajas de ahorro) han comenzado a reunirse en los últimos días para tratar de alcanzar un nuevo pacto sobre el papel que podrían desempeñar las entidades financieras en el despliegue de los fondos europeos que no son ayudas a fondo perdido como hasta ahora, sino créditos que tendrán que devolver los estados miembros antes del 31 de diciembre de 2058, según confirman a EL PERIÓDICO diversas fuentes al tanto de las conversaciones. Dichos préstamos, en principio, comenzarán a llegar al país el año que viene: el Gobierno ha incluido 4.789 millones de euros en los presupuestos de 2023.
El Ejecutivo, así, viene repitiendo desde hace meses que antes de que acabe este año presentará a la Comisión Europea una adenda al Plan de Recuperación español, aprobado por Bruselas en julio de 2021. Dicha actualización del plan servirá para explicar a qué fines se pretenden asignar los 7.706 millones de euros en subvenciones adicionales que le corresponden al país por su menor crecimiento económico en los últimos dos años (hasta los 77.234 millones); los 2.586 millones que le tocan del plan REPowerEU (cuyo objetivo es ahorrar energía, incrementar la producción verde y diversificar las fuentes de suministro); y los préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que en el caso de España ascienden a un máximo de 84.000 millones hasta 2026 y que el Gobierno prevé pedir en su totalidad.
Las patronales piden que un tercero valide que los proyectos cumplen los criterios de sostenibilidad
Oficinas bancarias
Dichos créditos europeos se tienen que canalizar mediante instrumentos financieros, y de ahí que el Gobierno esté negociando con la banca. El objetivo es que el sector aporte su red de oficinas para que los préstamos puedan llegar a todo el territorio, así como su experiencia en calibrar el riesgo que supone conceder un préstamo a un cliente, particularmente a las pymes, para decidir si se le da o se le deniega. La idea hoy por hoy es que el sector participe en la financiación que recibirán los proyectos ligados a la transición ecológica que el Ejecutivo prevé apoyar mediante los créditos europeos.
De momento se han celebrado al menos dos reuniones, pero todavía no se han producido avances relevantes. Sobre la mesa está la posibilidad de llegar a un acuerdo que implique la participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), como ya se hizo durante la primera fase de la pandemia con los créditos a empresas avalados por el Estado (140.737 millones de euros). Así, se estudia combinar líneas de mediación (en las que el ICO financiaría los proyectos verdes a través de los bancos) con líneas de avales (en las que serían las entidades las que aportarían financiación adicional con un aval público parcial del ICO).
Un punto clave para la banca es que no quiere ocuparse de validar que los proyectos cumplen los requisitos de sostenibilidad necesarios para recibir los préstamos europeos. Las entidades argumentan que no son expertas en ello, por lo que apuestan por que lo haga un tercero independiente. Defienden, en este sentido, un modelo similar al que se ha seguido en Grecia, donde se ha creado una plataforma en la que se incluyen todos los datos relevantes de cada proyecto y la consultora Grant Thornton se ocupa de acreditar que se cumplen los requisitos.
La adenda del Plan de Recuperación
incluirá las inversiones a las que se destinarán los fondos, además de las nuevas reformas que se comprometerá a llevar a cabo el Gobierno para obtenerlos. El documento deberá cumplir los mismos criterios que el plan original, con lo que el porcentaje de financiación dedicado a la transición verde deberá alcanzar el 37%. Es decir, que hasta 31.080 millones de los 84.000 millones totales podrían llegar a ser canalizados por los bancos. La Comisión Europea evaluará la propuesta, que posteriormente debe ser ratificada por el Consejo Europeo.
Experiencia previa
El sector financiero ya mantuvo reuniones preliminares el año pasado con el anterior secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, para analizar la posible participación de los bancos como intermediarios en la parte de subvenciones de las ayudas europeas. Según fuentes financieras, sus propuestas fueron acogidas con tibieza y en un momento determinado las conversaciones se interrumpieron sin explicación, aunque en el sector predomina la idea de que se debió a una decisión política.
En esta ocasión, parece que no va a ser así. «El rol de los bancos va a ser muy importante en la instrumentación de las herramientas financieras que vamos a utilizar en la distribución de los préstamos de los fondos Next Generation. Ahí sí que podemos optimizar su participación, como se hizo con los avales del ICO, que contó con su capilaridad y su experiencia financiera. Estamos en ello. Tenemos hasta final de año para definir la adenda e identificar los instrumentos específicos de cómo se va a articular la llegada y la distribución de esos fondos europeos y cuál va a ser la colaboración de cada uno de los agentes. Tenemos que aprovechar los conocimientos que tienen los bancos de las pymes», apuntó el actual responsable del Tesoro, Carlos Cuerpo, en una reciente entrevista en El Confidencial.
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