Industria veta la deslocalización de las empresas con ayudas públicas
Las firmas deberán avisar al Gobierno de ceses de actividad que supongan despidos
A su llegada al ministerio de Industria, Comercio y Turismo en 2018, la candidata a alcaldesa de Madrid, Reyes Maroto, se tuvo que enfrentar a una serie de llamadas de cierre y reducción de empleo de grandes multinacionales españolas. Entre ellas, la del fabricante de aerogeneradores danés Vestas, la cementera mexicana Cemex y el astillero La Naval. Aunque el más sonoro de todos fue el de la multinacional del aluminio Alcoa, empresa que había recibido durante años millonarias subvenciones por parte del Ejecutivo. Para evitar situaciones como esta, el Gobierno obligará a las empresas beneficiarias de ayudas públicas a mantener su actividad productiva en este país durante cinco años en el caso de grandes empresas y de tres años si son pymes.
Esta es una de las principales medidas incluidas en el anteproyecto de ley de industria, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado ayer, según explicó la ministra Reyes Maroto en la rueda de prensa posterior a dicho encuentro. La norma, anunciada en octubre de 2018 por la propia ministra con el compromiso de llevarla al Congreso «de forma urgente», según dijo entonces, busca actualizar el marco regulatorio vigente, que data de 1992. Esta reforma forma parte, además, de los compromisos del Gobierno con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación. Sobre el riesgo de que este anteproyecto no llegue a nada con la disolución de las Cortes Generales por las próximas elecciones, Maroto defendió que tratarán de «agilizar» el proceso para que se pueda «aprobar pronto en su segunda vuelta en el Consejo de Ministros» y llegar, así, al Congreso.
La nueva legislación busca actualizar el marco regulatorio vigente, que data de 1992
Ecosistemas industriales
El anteproyecto de ley, además, obliga a las empresas «en determinadas circunstancias» a anticipar al Gobierno el cierre o la disrupción de actividad que suponga una «importante pérdida de puestos de trabajo». En estas circunstancias, dijo Maroto, se creará una mesa de reindustrialización donde participará la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para buscar fórmulas de «prevención, corrección y mitigación de los efectos de estas crisis industriales». La medida, de nuevo, recuerda al caso de Alcoa, cuando el anuncio de irse de España puso en marcha una serie de reuniones entre todos los agentes (administraciones, sindicatos y empresa) que derivó en la venta de sus fábricas de A Coruña y Avilés y el mantenimiento de la planta de San Cibrao (Lugo).
La nueva ley pone también el foco en los ecosistemas industriales como polos de desarrollo industrial, especialmente aquellos que tienen la consideración de estratégicos, promoviendo las medidas de apoyo a los mismos, y regula por primera vez los proyectos industriales de interés general como aquellos que cumplan al menos dos de las tres condiciones siguientes: significativo volumen de inversión y empleo indefinido, proyectos dentro de ecosistemas industriales definidos o que pertenezcan a sectores considerados estratégicos por el Consejo de Seguridad Nacional, o alineados con los objetivos industriales de la
UE e integrados en los mecanismos de financiación europea.
En este sentido, Maroto puso el acento en los anuncios de inversión de Cepsa de 5.000 millones de euros en Andalucía para impulsar el hidrógeno verde, los 10.000 millones comprometidos por la naviera Maersk, también en Andalucía y en Galicia, o el anuncio de Cisco de diseño de microchips. «Esta ley viene a completar el compromiso político que asumí cuando llegué al Ministerio de Industria y que se completará con un pacto por la industria que ya tenemos acordado con los agentes económicos y sociales», señaló la ministra.
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