PP, ERC y Junts instan a abaratar la subasta eléctrica
Los tres partidos coinciden en una enmienda al plan de contingencia del Gobierno
La oposición presiona al Gobierno para obligar a las grandes eléctricas a subastar parte de su energía barata a pequeñas comercializadoras e industrias para «incentivar el ahorro energético en el 100% de los consumidores». En una enmienda al plan de contingencia (Plan + seguridad para tu energía), aprobado por el Congreso y actualmente en tramitación parlamentaria como proyecto de ley, PP, ERC y Junts coinciden en pedir la celebración a principios de 2023 de uno de estos concursos ideados por el Gobierno hace un año pero que nunca se llegaron a celebrar.
El Ejecutivo diseñó un nuevo mecanismo en septiembre de 2021 que obligaba a las grandes energéticas a vender parte de la energía producida por sus centrales nucleares, hidroeléctricas y renovables, que es la energía más barata del mercado, a comercializadoras independientes o a la gran industria para contener los costes energéticos en plena subida de precios. La mayor parte de esa producción que generan las grandes empresas la venden a sus propias comercializadoras.
En concreto, fijó subastar 15.830,08 gigavatios-hora (GWh), el equivalente al 25% de la producción eléctrica anual del ejercicio con menor producción de las instalaciones afectadas. El reparto se realiza según la cuota de mercado de cada empresa, de forma que quedaría así: Iberdrola subastaría más de 7.323,63 GWh; Endesa, 6.737,26 GWh; Naturgy, 1.405,48 GWh, y EDP, 363,72 GWh. El objetivo era celebrar la primera de esas subastas antes del 31 de diciembre de 2021, pero acabó el año y la puja no se celebró, tampoco en 2022.
El objetivo, según los promotores de la iniciativa, es reducir las desigualdades en el precio de la luz
Justificación
Las grandes compañías alegaron que tenían vendida toda su producción inframarginal (así se conoce a la energía que proviene de centrales renovables y nucleares).
Ahora aseguran que también la de este año y que tienen comprometida el 90% de su generación para 2023. Defienden que esas subastas les obligarían a quitar esa electricidad a algunos de sus clientes y en plena crisis de precios supondría un encarecimiento de las facturas. Y este argumento es el que ha asumido el Gobierno para evitar convocar las pujas.
Un año después de formular su propuesta vía real decreto ley, es la oposición –PP, ERC y Junts– quien pide al Ejecutivo la celebración de este concurso. Y fijan una fecha: el 1 de enero de 2023. «En caso de que se demuestre» que las grandes eléctricas tienen comprometida una parte de esa energía, como dicen, el texto de la enmienda plantea que las subastas se celebrasen con la energía restante que no tienen vendida, y si tienen toda la energía comprometida se les impide vender más. Así vetan la posibilidad de que estas empresas puedan realizar nuevos acuerdos desde la entrada en vigor del real decreto ley en cuestión hasta la celebración de la subasta. En caso de que lo hicieran, serían penalizas por una «falta muy grave” según la ley del sector eléctrico, que conlleva multas de entre 6 y 60 millones de euros, según el texto.
Los tres partidos –que no suman mayoría– defienden que la reactivación de estas subastas conseguiría que «el precio de los clientes sea más equitativo». Se trata de que no haya tarifas muy baratas y otras muy caras, sino un precio equilibrado, de forma que todos los consumidores salgan beneficiados.
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