COLECTIVOS VULNERABLES

Las personas afectadas se han quedado sin recibir 560 euros correspondientes a la ayuda garantizada de ciudadanía, que recuperarán este diciembre o en enero, según la Generalitat.

Más de 1.000 familias han cobrado menos o no han cobrado nada de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) correspondiente al mes de noviembre. Se trata de la prestación social de la Generalitat para todas aquellas personas que no tienen ningún ingreso, y que por tanto tendrán que sobrevivir este mes en el hoyo de la pobreza. El Gobierno catalán lo achaca a un error del Gobierno central, porque se excedió en unos pagos que complementan esta prestación.

Los afectados son ciudadanos que, además de esta ayuda, también reciben ayudas estatales como el ingreso mínimo vital y la prestación por tener hijos a cargo.

La renta garantizada de ciudadanía es una prestación social que el Parlament aprobó en 2017 para mejorar la antigua Pirmi (o renta mínima) y garantizar un mínimo de ingresos mínimos a las personas que han agotado la prestación del paro, no trabajan o cobran ayudas sociales estatales muy por debajo del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya. En 2020, cuando el Gobierno Central creó el ingreso mínimo vital (IMV), la renta garantizada pasó a complementar esta prestación. Y por lo tanto, a medida que se ha ido regularizando, las personas que cobran el IMV perciben a su vez la RGC como complemento, para llegar a la ayuda catalana, que va de los 664 euros a los 1.200 euros al mes en función del número de las personas que habitan el hogar.

El error que se ha producido ahora tiene que ver con todo este entramado de prestaciones sociales a los más vulnerables. El Gobierno español incluyó por equivocación la prestación correspondiente a tener hijos a cargo al ingreso mínimo vital.

Renta inflada

En un primer momento, la prestación estatal se incrementó de forma errónea. Días después, como cada mes, la Generalitat calculó el importe correspondiente de la renta garantizada que tenía que pagar a los afectados para complementar las ayudas. Como la ayuda estatal estaba inflada, abonó menos dinero del que le correspondía. Más tarde, el Estado detectó el error y también retiró los pagos que se habían hecho de más.

Como consecuencia, muchos perceptores se han quedado con la cuenta bancaria al descubierto y, en el caso de los catalanes, con menos dinero de la renta garantizada del que les correspondería. El incidente es especialmente grave porque los usuarios de estas ayudas son familias vulnerables con hijos a cargo.

Según los datos del Departament de Drets Socials, como mínimo habría 1.007 personas afectadas que han dejado de percibir 560 euros de media. La Generalitat asegura que ha activado a un equipo de personas para revisar expediente a expediente con el fin de resolver la situación. La ‘conselleria’ prevé pagar la diferencia a los perjudicados este diciembre o, como muy tarde, en enero de 2023.

Fuentes de Drets Socials lamentaron el episodio y subrayaron que tiene «poco sentido» que se tengan que hacer dos pagos cada mes, uno desde Madrid y otro desde Catalunya. Por este motivo, consideran que el Gobierno central debería efectuar el traspaso total de estas competencias a la Generalitat.

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El ministerio sumó dos ayudas y eso hizo que la Generalitat redujera su parte