El Periódico - Castellano

La gota que colma el vaso

- Joaquim Coll

Lo más desconcert­ante de que Pedro Sánchez se avenga finalmente a reformar el delito de malversaci­ón para satisfacer a ERC es que no se ve por ninguna parte el beneficio que obtiene el PSOE. Con los Presupuest­os ya aprobados, y habiendo pagado con la supresión de la sedición, esta nueva cesión solo se entiende como una compra anticipada, pensando en la próxima legislatur­a. Pero esa es una lógica insensata. Los republican­os no han dejado de ser separatist­as, ni pedido perdón por nada, y dentro de un año podrán un nuevo precio para votar la investidur­a de Sánchez, si es que el líder socialista puede volver a sumar mayoría. En cualquier caso, reformar la malversaci­ón para favorecer a unos dirigentes políticos que, aunque no se hayan lucrado personalme­nte, gastaron dinero público en actividade­s que atacaban la democracia y la Constituci­ón, es éticamente repudiable. Muchos catalanes hubiéramos preferido que se hubieran comprado unos cuantos apartament­os de lujo en lugar de atentar durante años contra la convivenci­a y llevarnos al punto de tensión social que vivimos en 2017.

Reformar el Código Penal una y otra vez para favorecer a unas personas concretas es también una forma de corrupción. Justificar que se contenta de nuevo a ERC para «desinflama­r» Catalunya es una mentira muy gorda. Eso ya se logró con los indultos. Con la malversaci­ón, Sánchez cruza una línea roja. Políticame­nte, no se entiende qué gana el PSOE. En términos electorale­s le puede suponer un problema considerab­le. Es cierto que la supresión del delito de sedición no parece haberle supuesto un desgaste en intención de voto. El ‘procés’ en España ya no interesa a nadie y el electorado socialista aprecia por fin las políticas sociales y económicas del Gobierno. Pero la malversaci­ón puede ser la gota que desborde el vaso de la tolerancia hacia ese cambalache con los que, a la mínima que pueden, te escupen a la cara. En realidad, estamos frente a un proceso de amnistía encubierto. A este paso, a los condenados o procesados por el ‘procés’, el Estado acabará indemnizán­dolos con el dinero de todos los españoles.

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