Agenda antimigratoria de la UE
La falta de consenso entre los Veintisiete para gestionar en común los flujos migratorios y las demandas de asilo genera tensiones entre los estados europeos e introduce nuevas exigencias a los países de los Balcanes para avanzar en su adhesión a la Unión Europea (UE). La apuesta de los dirigentes europeos por la ilusoria política de la Europa Fortaleza sacrifica sus valores humanitarios a favor de medidas contundentes e incluso violentas de control reforzado de sus fronteras. Pero la presión migratoria será cada vez mayor debido a la pobreza y falta de expectativas para un porcentaje creciente de la población de los países en desarrollo, el severo impacto ya palpable del cambio climático, la violencia sectaria y la represión imperante en muchos países y la explosión demográfica en África.
La población de la UE disminuyó en un millón de personas en el periodo 2020-2021, pese a una inmigración neta de 4,3 millones de personas, según indica Eurosat. Aunque la Unión Europea necesita inmigrantes para evitar un declive económico, la agenda antimigratoria de la ultraderecha ha sido asumida por la casi totalidad de los partidos políticos en la UE a lo largo de las dos últimas décadas. Por ello, la defensa de una férrea política contra los inmigrantes irregulares es considerada como un elemento electoral clave por los políticos en los distintos países de la UE, que temen que cualquier gesto que pueda interpretarse como una falta de firmeza conduzca a un revés en los comicios.
Veto a Bulgaria y Rumanía
En este contexto, Austria y Holanda vetaron el pasado 8 de diciembre en el Consejo de Ministros de la UE la incorporación de Bulgaria y Rumanía en el espacio europeo Schengen sin fronteras interiores, argumentando que no garantizaban la contención de la inmigración irregular, y bloquearon la propuesta favorable de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. El primer ministro holandés, Mark Rutte, incluso sugirió que la frontera búlgara podría ser un coladero con meros sobornos de 50 euros. Pese a que Austria y Holanda fueron los únicos que formalmente vetaron a Bulgaria y Rumania, otros estados respaldaban en silencio la misma posición. Croacia, por el contrario, fue admitida sin problemas en Schengen, gracias a su política de extrema dureza contra los inmigrantes irregulares y sus masivas devoluciones en caliente en la frontera, denunciadas repetidamente Human Rights Watch y organizaciones humanitarias. Desde principios de año, al menos 3.196 personas han sido devueltos por la fuerza a Bosnia tras entrar en Croacia, según la organización Danish Refugee Council.
Proteger a la UE de la inmigración y actuar como gendarmes migratorios son las nuevas condiciones informales que los Veintisiete impusieron esta semana a los países de los Balcanes para poder avanzar en su adhesión a la Unión Europea, después de que la llegada de inmigrantes por la ruta de los Balcanes se haya duplicado respecto a 2021 con más de 139.500 personas, según la agencia europea de fronteras Frontex.
En la cumbre de Tirana del 6 de diciembre, los Veintisiete también reclamaron a los candidatos de los Balcanes que anulen los acuerdos de exención de visados que tenían con países con los que no existía ese acuerdo en la UE. Albania ya ha anunciado que no renovará esos acuerdos con India y Egipto y Serbia indicó que acaba de poner fin a sus acuerdos con Túnez y Burundi.
Fronteras violentas
La subcontratación de la UE de la gestión migratoria a los países balcánicos se suma a los acuerdos ya existentes con Turquía, Libia, Egipto, Marruecos, Túnez y Níger, entre otros. Estos acuerdos no han impedido que los inmigrantes irregulares detectados por Frontex se incrementaran en 2022 a más de 307.000 en las fronteras meridionales y orientales. La Organización Internacional para las Migraciones estima que este año han muerto más de 2.410 inmigrantes tratando de cruzar el Mediterráneo y que la cifra acumulada desde 2014 supera las 25.300 personas.
La política de la Europa Fortaleza se ha traducido en un «aumento sin precedentes de la violencia» contra los inmigrantes en las fronteras de la UE y un intento de criminalizar las actividades de las organizaciones humanitarias, detalla el informe de 3.173 páginas del Black Book of Pushbacks de la asociación de organizaciones humanitarias Border Violence Monitoring Network.
La complicidad de Frontex en la violencia contra los inmigrantes está documentada por las investigaciones de periódicos como Le Monde, y Der Spiegel y las organizaciones humanitarias y ha sido reconocida por la agencia europea antifraude Olaf y por el Parlamento Europeo.
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