El nuevo impuesto para las grandes fortunas se aplicará a partir del verano
▶ El gravamen afecta a comunidades que liberan del pago del tributo del patrimonio, como Madrid, Andalucía o Galicia, todas gobernadas por el PP
Este verano habrá un estreno impositivo. Del 1 al 31 de julio se tendrá que presentar el nuevo impuesto estatal que que grava los patrimonios de más de tres millones de euros y que afectará esencialmente a comunidades como la de Madrid, que libera a los contribuyentes del impuesto del patrimonio. El plazo previsto es en julio porque los afectados podrán deducirse el importe pagado por el gravamen de patrimonio, que está cedido a las autonomías y que se presenta como el de la renta (IRPF) entre el 11 de abril y el 30 de junio. El objetivo es prevenir que los grandes patrimonios tengan que pagar impuestos dos veces por el mismo hecho.
Este nuevo gravamen, que grava el ejercicio 2022, se comienza a recaudar este año. En principio se trata de un tributo temporal para 2023 y 2024, incluido en el paquete de medidas del Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. En Catalunya, para evitar que una parte de este impuesto fuera a parar a las arcas del Estado, el Govern ha creado un nuevo tramo a partir de 20 millones de euros al 3,48%. Así se ingresarán 12 millones de euros adicionales que de otra manera irían a parar a las arcas del Estado al entrar en vigor el tributo temporal para patrimonios superiores a tres millones de euros. La tarifa actual alcanza un tipo máximo del 2,75% a partir de 10.695.996,06.
El gravamen estatal recae sobre los patrimonio entre 3 y 5,3 millones de euros, que estarán sujetos a un impuesto del 1,7%; aquellos entre 5,3 y 10,6 millones de euros incurrirán en una tasa del 2,1%, y los patrimonios superiores a 10,6 millones de euros tendrán un gravamen del 3,5%. Para establecer la cantidad de este impuesto, se aplicarán las normas establecidas en la ley del impuesto de patrimonio. Esto incluye una reducción en concepto de mínimo exento general de 700.000 euros. Según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda, este impuesto afectará únicamente a un 0,1% de la totalidad de los contribuyentes, lo que se traduce en aproximadamente 23.000 contribuyentes.
Aunque se puso en marcha con vocación temporal, la verdad es que al término del período de vigencia se evaluarán los resultados y se pueda proponer su mantenimiento o supresión. Este nuevo impuesto, que se introduce para aumentar la recaudación y armonizar la normativa autonómica, se configura como un tributo directo, personal y complementario del impuesto sobre el patrimonio, que grava la riqueza neta de las personas físicas por encima de tres millones de euros.
Se aplica en todo el territorio nacional y no puede ser objeto de cesión a las comunidades autónomas. Los sujetos pasivos están obligados a presentar una declaración si su cuota tributaria resulta a ingresar una vez que se hayan aplicado las deducciones o bonificaciones correspondientes.
Ayuso, en contra
La introducción de este impuesto afecta especialmente a los contribuyentes residentes en comunidades autónomas en las que el impuesto de patrimonio está bonificado, como en Madrid y Andalucía
Catalunya ha creado un nuevo tramo del 3,48% para las fortunas de más de 20 millones de euros
(bonificado al 100%) y, en menor medida, en Galicia (bonificado al 50% desde 2023 y un 25% en 2022). Sin perjuicio de la cuestión de la residencia de los contribuyentes, la introducción de este nuevo gravamen puede afectar a muchos contribuyentes y familias, fundamentalmente empresarias, en relación con la estructura societaria, la composición de su patrimonio personal/empresarial, los sistemas de retribución establecidos y con todos los aspectos clave en el ámbito de la tributación patrimonial.
Madrid es la comunidad que ha recibido con mayor beligerancia este impuesto. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, del PP, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional solicitando la suspensión cautelar del tributo. También la Junta de Andalucía, presidida por el popular Juanma Moreno Bonilla, lo ha impugnado.
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