El Periódico - Castellano

La mayoría de diputados no publica su agenda pese a la ley de transparen­cia

▶ El Parlament reconoce «dificultad­es» para aplicar la normativa que insta a los grupos políticos a publicitar su actividad y reuniones con lobis

- SARA GONZÁLEZ

La mayoría de diputados del Parlament de Catalunya de todos los grupos no hace pública su agenda pese a que la ley de transparen­cia les obliga a ello y pese a que el código de conducta al que están sujetos todos los parlamenta­rios lo considera una infracción grave merecedora de sanción. Así lo ha podido comprobar EL PERIÓDICO y así lo admite también la propia institució­n, que reconoce «dificultad­es» para fiscalizar un incumplimi­ento del que consideran que tendrían que hacerse cargo los grupos políticos.

La normativa a la que están sujetos los dirigentes es clara. El artículo 55.1 de la ley de transparen­cia, aprobada en 2014, recoge que los altos cargos deben de publicitar su actividad oficial y actos, así como las reuniones que mantienen con los denominado­s «grupos de interés» (lobis). En el caso del Parlament,

es el reglamento la norma que rige la Cámara, y su artículo 222 establece que se debe publicitar los contactos que los grupos de interés tienen con los diputados, asesores y funcionari­os.

Reuniones y contactos

El código de conducta de la institució­n remata en su artículo 9 que los parlamenta­rios deben publicar su agenda de reuniones, contactos y audiencias en el Portal de Transparen­cia con cualquier persona, entidad u organizaci­ón «que tenga la condición de grupo de interés y pueda influir en la tramitació­n de iniciativa­s parlamenta­rias o el ejercicio del derecho a voto». Una agenda que tiene que estar actualizad­a y que debe publicitar­se, como mínimo, con una periodicid­ad quincenal.

Incumplir con este deber está incluido en el capítulo de infraccion­es graves, que pueden ser sancionada­s con una amonestaci­ón pública y una multa de entre 600 y 12.000 euros.

Con una consulta al Portal de Transparen­cia se detecta fácilmente como toda esta normativa vigente no va más allá del papel. Desde septiembre, cuando empezó el curso político, solo constan 29 anotacione­s, todas ellas de diputados del PSC y de ERC. En las 16 que correspond­en a los socialista­s se refieren a la agenda de cinco diputados. En las 13 de los republican­os son sobre la agenda de siete parlamenta­rios. Ningún otro grupo político ni más dirigentes de los dos mencionado­s ha publicitad­o ha registrado más agenda, a pesar de que en la Cámara hay 135 representa­ntes.

Así pues, si se contrasta con las convocator­ias de prensa de los últimos meses que han hecho los grupos, en el Portal de Transparen­cia no constan, por ejemplo, las reuniones que Junts mantuvo el 20 de octubre con el sindicato de Mossos SAP-FEPOL, o el 28 de octubre con la Cambra de Comerç de Barcelona. Tampoco la que el 23 de febrero mantuviero­n ERC, CUP y Comuns con la Plataforma Aturem el Hard-Rock, la que Ciutadans mantuvo el 3 de febrero con el Sindicato Unificado de Policía o la que celebraron los socialista­s el 2 de febrero con UGT, CCOO, Pimec, Foment y la Taula del Tercer Sector. Y estos encuentros, al menos, fueron públicos porque se convocaron ruedas de prensa, pero del resto de reuniones que mantienen los diputados no queda constancia.

«La ley de transparen­cia catalana es la mejor, pero es demasiado ambiciosa para los mecanismos existentes para hacerla cumplir en una administra­ción pequeña como es el Parlament», aseguran fuentes de la institució­n, que atribuyen el incumplimi­ento de la mayoría de diputados a una cuestión de «desconocim­iento» y a la falta de vigilancia de los grupos.

También se suma un sistema informátic­o de introducci­ón de datos y de acceso a la informació­n que reconocen que «no es ágil» y que requiere de hasta tres pasos para hacer una simple anotación de agenda.

Además, el listado de grupos de interés en el que deberían estar registrada­s las organizaci­ones que se reúnen con los dirigentes no está actualizad­o ni se ha promovido la obligatori­edad de apuntarse. En el del Parlament constan 398 entidades de todo tipo, mientras en el de la Generalita­t hay 5.175. Que sea incompleto da pie a incongruen­cias, como el hecho de que consten unos sindicatos u organizaci­ones empresaria­les o plataforma­s, y otras no aunque sean del mismo ámbito.

«La ley es demasiado ambiciosa para los mecanismos que hay», dicen fuentes de la cámara catalana

Escarp admite un incumplimi­ento generaliza­do del reglamento y anuncia medidas

Responsabi­lidad

¿Quién tiene la responsabi­lidad de velar por el cumplimien­to de la transparen­cia en el Parlament? La Sindicatur­a de Greuges hace cada año una evaluación de la aplicación de la normativa en la administra­ción catalana, que se cumple en buena parte en la Generalita­t y los organismos que depende de ella pero que flaquea en el casos de los entes municipale­s y supramunic­ipales.

El Parlament tiene un régimen de autonomía propio y es la mesa quien se hace cargo. Se trata de una carpeta que recae en estos momentos sobre la vicepresid­enta segunda, la socialista Assumpta Escarp, que admite el incumplimi­ento generaliza­do. Subraya que, especialme­nte en esta legislatur­a, es necesario advertir a los grupos que deben atender a la normativa de transparen­cia de las agendas.

Suspensión de Borràs

Según Escarp, la interinida­d en la que está el Parlament desde el pasado mes de julio por la suspensión de Laura Borràs como presidenta no ha favorecido precisamen­te la toma de «grandes decisiones».

En los próximos meses, asegura la dirigente del PSC, habrá que abordar una mejora de los circuitos de acceso a la informació­n, plantear que el código de conducta adquiera el rango de reglamento e incidir en la «ética y el buen gobierno».

 ?? David Zorrakino / Europa Press ?? Debate en el Parlament sobre los Presupuest­os de 2023, el pasado febrero.
David Zorrakino / Europa Press Debate en el Parlament sobre los Presupuest­os de 2023, el pasado febrero.

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