SOS para salvar una casa centenaria
Vecinos de Les Corts presionan para indultar un edificio exponente de la memoria obrera del Camp de la Creu. Se muestran molestos con la operación urbanística, diseñada hace dos décadas.
Tras un compás de espera que se les ha hecho eterno, las últimas 11 familias pendientes de realojo han empezado esta semana a abandonar las casas añejas que han perdurado en el minúsculo barrio del Camp de la Creu, en Barcelona. El traslado a un bloque de viviendas levantado a escasos metros, dentro también del distrito de Les Corts, preludia el derribo de gran parte de una manzana de edificios tapiados, pendientes de ser tirados al suelo desde hace años.
El movimiento vecinal del distrito se muestra molesto con la operación urbanística, diseñada hace dos décadas. La siente hostil, al juzgar que elude preservar buena parte del legado obrero de ese sector del antiguo municipio de Les Corts, absorbido por Barcelona en 1897. También desecha cómo se está cimentado el parque que se edifica sobre la desfigurada Colònia Castells, ya extinta al otro lado de la calle Entença.
Los críticos con el proyecto han tomado la demolición programada de la finca centenaria del número 46 de la calle Montnegre como prueba de que la conservación de la memoria histórica de uno de los reductos menestrales de la capital catalana está en riesgo. Exigen que se indulte de la piqueta al inmueble, que exhibe sus puertas y ventanas tabicadas con ladrillos.
Una cabeza decapitada
«Es un edificio simbólico del Camp de la Creu, uno de los últimos históricos que quedan», reseña la presidenta de la Coordinadora Vecinal de Les Corts, Adela Agelet. El inmueble en riesgo de desaparición era reconocible por la cabeza de carnero que asomaba sobre el portal. Antes de ser adoptada por el barrio como distintivo, la testa certificaba que los propietarios del inmueble, erigido en 1923, se dedicaban a la carnicería y al despiece. A resultas del proceso de expropiación, ahora pertenece al Ayuntamiento de Barcelona.
El busto del macho cabrío fue decapitado meses atrás. Su lugar lo ocupa ahora una plancha metálica, que cubre el hueco entre la puerta y los balcones emparedados. «La cabeza está ahora en el depósito municipal», aclara Agelet. Josep Alió, miembro de la plataforma Salvem el Camp de la Creu i la Colònia Castells, recalca que la finca está catalogada como Bien de Interés Documental, el grado más bajo de protección patrimonial. «Es nivel D, lo que significa que se permite el derribo», recuerda Alió. En ese caso, la única prescripción legal es que debe redactarse un estudio histórico y arquitectónico antes de que la casa se eche abajo. Alió destaca que el inmueble contribuye a dar forma a la plaza del Carme, núcleo del barrio. Además, subraya la riqueza del su interior: «Es una casa llena de mosaicos, pero no se va a conservar nada. En teoría, va entera al suelo».
No es la única condenada a ser arrasada: una casa de planta baja adyacente, de un característico color encarnado, tampoco ha sido amnistiada. Carme, la vecina que nació en el domicilio hace 87 años, se preparaba para abandonarla esta semana y trasladarse al piso que el consistorio le debía y que ha tardado meses en facilitarle.
Vestigio de los antiguos oficios
La casa del carnero es vestigio de los antiguos oficios y comercios que jalonaban el Camp de la Creu, una encrucijada de calles por la que atravesaba el camino de Barcelona a Sarrià cuando la urbe aún no había expandido sus dominios en el siglo XIX. Todos han desaparecido, aunque persiste la efigie de la cabeza de un caballo, colgada en una fachada de la calle Morales. La figura del equino, emblema de unas antiguas cabellerizas, no corre peligro. Un grupo de manifestantes ocupó la casa del carnero en diciembre pasado. La toma de la vivienda, encabezada por el Grup d’Habitatge de Les Corts, pretendía alertar de la pérdida de identidad que conllevaría para el distrito que el edificio se tire. También advertía de la falta de alojamiento asequible para familias arrolladas por la pobreza. La Guardia Urbana los desalojó menos de 24 horas.
La policía aseguró que expulsó a 26 adultos, sin ningún menor presente en la intervención. En cambio, los activistas reprocharon que sí había cinco menores con sus familias. A su vez, se quejaron de que la desocupación se practicó sin una orden judicial.
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