«Conmoción y pavor» en la campaña de Ayuso y Aznar
El raquitismo político personal de Núñez Feijóo conduce a la deriva del seguidismo del Partido Popular a la agenda de Vox.
La hermana de Gregorio Ordóñez denuncia al PP por su instrumentalización política de las víctimas
He aquí Alberto Núñez Feijóo el 10 de abril pasado en la reunión del comité de dirección del Partido Popular: «El 28 de mayo es la primera etapa para lograr un cambio de gobierno en España. Sé que el gobierno de Sánchez aguantará mejor que en las generales, pero eso es la lógica electoral. No me conformo con superar el resultado de 2019, no me conformo con mantener los resultados [el PP gobierna en las dos comunidades autónomas de Madrid y Región de Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta que votan el 28-M]. (...) El objetivo es devolver el orgullo al PP de ser la primera fuerza política de España».
Tras ello, el presidente del PP aclaró que se disponía a asumir los resultados en primera persona al tiempo que se implicaría personalmente en la campaña. Fue quizá la intervención más moderada y realista que se le conozca a Núñez Feijóo. Pero no había resignación ni pasividad. Porque iba a tratar de que esa descripción no se hiciera realidad.
El explosivo, pues, para dinamitar la previsión de que Pedro Sánchez «aguantará mejor que en las generales» consistió en hacer estallar la marca ETA, convirtiendo unas elecciones cuya «lógica electoral» eran, según Feijóo, cómodas para el gobierno, en tierra hostil o zona de miedo, según se prefiera. Desde luego, José María Aznar sabe qué es una campaña de «conmoción y pavor». La polarización extrema ha sido ejecutada por él (y Miguel Ángel Rodríguez, actual director de gabinete de Isabel Díaz diamante en bruto Ayuso) en la política interna, pero la perfeccionó en 2003. El presidente George W. Bush se la explicó el 22 de febrero de dicho año cuando le convocó a su rancho de Crawford (Texas) para explicarle que eso es lo que tenía en marcha en la primera quincena de marzo con la invasión de Irak.
Hay dos libros sobre EEUU que, quizá sin leerlos, Miguel Ángel Rodríguez trasplanta en una campaña que tira de la raquítica personalidad política de Nuñez Feijóo. Uno de ellos es el clásico The paranoid style in american politics
(1964, El estilo paranoico en la política americana) del historiador Richard Hofstadter (Nueva York 1916-1970), y el otro es Nixonland (2008) del historiador y periodista Rick Perlstein (Wisconsin, 1969).
Según Hofstadter, los elementos básicos del pensamiento derechista contemporáneo pueden reducirse a tres: primero, ha existido la ahora familiar conspiración sostenida, que se extiende por más de una generación y alcanza su clímax en el New Deal de Roosevelt, para socavar el capitalismo libre, para traer la economía bajo la dirección del gobierno federal, y allanar el camino para el socialismo o el comunismo. El segundo argumento es que la alta burocracia del gobierno ha estado tan infiltrada por los comunistas que la política estadounidense ha estado dominada por hombres que vendían astutamente los intereses nacionales. Y tercero, el país está infiltrado por una red de agentes comunistas, de modo que todo el aparato de educación, religión, prensa y medios de comunicación está comprometido en un esfuerzo común para paralizar la resistencia de los estadounidenses leales.
En Nixonland, Perlstein ilustra la técnica, en la que el presidente Nixon llegó a ser maestro consumado, con la cual los candidatos consiguen el poder movilizando los resentimientos, la ansiedad y la angustia, una técnica en la que la política destruye a sus víctimas. Donald Trump llevó estas tendencias hacia su paroxismo, al acabar negando su derrota y acusando a Joe Biden y al «sistema» de robarle la elección de noviembre de 2020.
El «chute de ETA» ni siquiera tenía necesidad de que la coalición electoral EH-Bildu, que no partido político, llevara en sus listas a 44 condenados por su actividad terrorista, siete de ellos por asesinatos. ETA ya ha estado en campaña durante toda la legislatura a raíz del apoyo parlamentario de EH-Bildu –coalición que ha votado con frecuencia en el Parlamento vasco junto al PP– a proyectos de ley del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Las listas de EH-Bildu llegaron a una campaña ya en marcha.
Tampoco se puede decir que el «chute de ETA» fuese una novedad. Lo formidable del estilo paranoide y conspiranoico del PP y de Vox es que ya forma parte de la rutina cotidiana de la política.
El exministro Jaime Mayor Oreja, justo es decirlo, ha impuesto su línea después de años de prédica. Quizá pocos recuerden que en febrero de 2008 advirtió de que si Zapatero ganaba las elecciones del 9 de marzo «habrá una segunda parte en la negociación con ETA». Meses después, tras la victoria de Zapatero, Mayor Oreja afirmó que era ETA quien buscaba esa «segunda parte» y que era necesario solemnizar en el Congreso que no habrá «segunda parte». Pero lo que importaba no eran las advertencias de Mayor Oreja: en marzo de 2009, el PP y el PSE sellaban en Euskadi su pacto para investir lendakari a Patxi López.
Ahora bien, dos hechos significativos ilustran la campaña de conmoción y pavor del PP de 2023. El primero es la reacción activa de un sector de los familiares de las víctimas contra el «chute de ETA» que ha pegado el PP. Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, y presidenta del Colectivo de Víctimas de ETA en el País Vasco (Covite) ha denunciado a Díaz Ayuso y al PP por su instrumentalización política de las víctimas. Pero también ha ido más lejos al caracterizar que la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid «no tiene principios ni valores». Y advertir: «Yo ya sabía la catadura moral de esta persona, me la demostró cuando aprobó la ley de víctimas del terrorismo, que dejaba fuera a la mitad de las víctimas por no estar empadronadas en Madrid».
La sistemática deslegitimación del TC
El otro hecho es la sistemática deslegitimación del Tribunal Constitucional (TC) por parte de Aznar. Los pasados jueves y viernes, en Madrid y Cuenca, el expresidente vaticinó otra vez que España se rompe, que el precio de una segunda coalición de izquierda en España serían «consultas» en Euskadi y Catalunya, «que estarán avaladas por el Tribunal Constitucional».
El razonamiento que hizo fue el siguiente: «El aborto y la eutanasia se justifican en la libre autodeterminación de la mujer o de la libre autodeterminación de la persona que decide morir y así se convierten en derechos supuestamente avalados por el TC, cabe esperar que ocurra lo mismo con las consultas que quieren los independentistas. ¿Por qué no va a estar avalada una mutación constitucional?». Y a vueltas en Horcajo de Santiago, Cuenca, el pasado viernes: «Si a resultas de estas dos elecciones [28-M y diciembre 2023] ganase la actual coalición, España entraría en un proceso de deconstrucción constitucional o desconstitucionalización de España».
En este contexto, hay que colocar otra pieza del puzle de la deriva paranoide y conspiranoica del PP: la advertencia del magistrado del TC hasta hace pocos meses Antonio Narváez de que las instituciones se están deteriorando a tal punto que ha mostrado preocupación –encuentro de la Asociación de Fiscales con Núñez Feijóo el 18 de abril en el hotel Claridge de Madrid– por el control del Gobierno sobre la empresa Indra, que influiría en el recuento de votos en las elecciones. La empresa Indra ya aclaró en junio de 2022 que eso no es así al desmentir declaraciones del vicesecretario general institucional del PP Esteban González Pons («Indra cuenta votos», 27 de junio 2022). El recuento de votos lo hacen las personas que son designadas en las mesas electorales. Indra «solo totaliza la información que se recoge en el recuento de votos que hacen las personas dirigidas por la administración a tal efecto».