Trabas de los jueces europeos
Los procesos iniciados en Bélgica, Alemania, Italia y Suiza por la ejecución de euroórdenes o peticiones de información evidencian las dificultades que presentan los magistrados europeos para perseguir a los investigados. El último episodio con la justici
Suiza ha vuelto a responder con una negativa a la última comisión rogatoria remitida por un juez español, Manuel García Castellón, para avanzar en la investigación de posibles conductas terroristas por parte de los responsables del movimiento Tsunami Democràtic, una causa en la que está imputada la secretaria general de ERC, Marta Rovira, residente en el país helvético. La respuesta de la Oficina Federal de Justicia Suiza parece ser un déjà vú de las dificultades que, especialmente el Tribunal Supremo, ha ido encontrando al llamar a la puerta de la justicia de otros estados europeos en relación con el ‘procés’, para lograr el retorno del expresident Carles Puigdemont y los exconsellers huidos tras la fallida declaración de independencia y tratar de sortear la inmunidad parlamentaria que algunos obtuvieron.
La respuesta negativa de Bélgica a entregar al exconseller de Cultura Lluís Puig obligó a llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en enero de 2023 se alineó con el instructor del ‘procés’ en el Supremo, Pablo Llarena, en su pugna por las autoridades belgas en relación con las euroórdenes. La justicia europea también acabó dando la razón a la justicia española el pasado julio al acabar refrendar el suplicatorio cursado por Llarena y retirarle la inmunidad a Puigdemont.
Pero para llegar a ese punto, el camino judicial ha sido arduo. De hecho las detenciones de Puigdemont, primero en Alemania (marzo de 2018) y después en Italia (Cerdeña, septiembre de 2021) no sirvieron para desbloquear la situación y lograr su entrega a las autoridades judiciales españolas.
La negativa Suiza a contestar al juez García Castellón ya se materializó en la comisión cursada en 2019 y respondida en 2020, en la que las autoridades helvéticas enmarcaron la petición de ayuda española en «un delito político». Se trataba de una respuesta muy similar a la que en su día ofreció un portavoz suizo ante una hipotética reclamación de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel por el ‘procés’.
Con la detención de Puigdemont en 2018, la justicia española acusó a los alemanes de extralimitarse
Malversación, no rebelión
Uno de los choques más destacados fue el protagonizado por Llarena y la justicia alemana a raíz de la detención de Puigdemont el 25 de marzo de 2018, tras cruzar en un coche la frontera con Dinamarca. La decisión del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein a entregar al expresident solo por el delito de malversación de fondos públicos –rechazando hacerlo por rebelión– obligó al magistrado a tomar una decisión radical: dejar sin efecto las órdenes de detención europeas e internacionales contra él y el resto de fugados que eran Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí y Marta Rovira.
La justicia española no se ahorró reproches, acusando a los alemanes de extralimitarse y de falta de compromiso por anticipar un enjuiciamiento que no les correspondía y vulnerar las normas de las órdenes de detención europeas. Al decaer las euroórdenes, Puigdemont y el resto de investigados quedaron libres para circular por Europa.
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