Consumo castigará el mal uso del término ‘verde’
▶ El ministerio prepara una ley para sancionar el ecopostureo con hasta 100.000 euros
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha comenzado la tramitación de una ley de consumo sostenible con la apertura de una consulta pública previa. La que será la primera norma centrada en fomentar el consumo sostenible contemplará el análisis caso por caso de las declaraciones medioambientales que se hagan de productos para evitar el greenwashing e incluirá, también, un índice de reparabilidad de los electrodomésticos para que los consumidores conozcan la duración de los productos, según avanzó ayer la secretaria general de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea.
A propósito de la nueva norma, el departamento que dirige Pablo Bustinduy lanzó, además, una guía con consejos sobre buenas y malas prácticas para las empresas sobre sus comunicaciones sostenibles. El ministerio advierte de que abusar de generalidades como verde o ecofriendly puede conllevar multas. La sanción representa el caso extremo de que una comunicación sea considerada como práctica desleal por infringir la normativa de consumo, lo que conllevaría multas de hasta 100.000 euros, que podrían ser sobrepasadas hasta alcanzar entre «cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido».
La intención de la nueva ley, así como de la guía, es advertir a las empresas de que «no se puede comunicar así como así» que un producto es sostenible desde el punto de vista medioambiental. Recomienda evitar generalidades y apostar por un lenguaje «claro, simple y específico», incluir información que sea relevante y útil y no ocultar datos. También que la información sea actualizada, sustentada en estudios y no incluir como ventaja algo que exige la ley.
Puede parece obvio, pero el 80% de las webs, tiendas online o anuncios incluye información sobre su impacto en el planeta que «no siempre es clara y substanciada, pudiendo incurrir en prácticas engañosas para el consumidor», según un estudio de la Comisión Europea citado en la guía. De hecho, el ministerio advierte de una proliferación de malas prácticas, algo que quedó reflejado en un informe elaborado por la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor, que analizó 344 informaciones y concluyó que el 42% eran dudosas y 57,5% no dan información suficiente para verificar si es cierto.
Más allá de la normativa vigente y de los códigos éticos, la Comisión Europea trabaja en una directiva sobre la «justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas» según la cual todas las empresas (salvo las microempresas) tendrán que «demostrar y verificar que es cierto todo lo que se dice en sus alegaciones medioambientales».
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