Sin Presupuestos y con ajustes
La renuncia de Sánchez a negociar las cuentas públicas de 2024 para empezar a tramitar las del año próximo obligará a tener en cuenta las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, que prevén un recorte estimado en 5.500 millones de euros anuales de aquí a 2028
La decisión del Gobierno de renunciar a aprobar un proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2024 aboca al Ejecutivo a centrarse, a partir de ahora, en el diseño del plan de ajuste para el periodo 2025-2028 (ampliable a 2031) que exigen las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea.
El anuncio de elecciones anticipadas en Catalunya ha desarbolado, al menos para los próximos meses, el andamio de los complejos apoyos parlamentarios que sujetan al Gobierno y Pedro Sánchez ha decidido guardar para siempre en el cajón las cuentas que el Consejo de Ministros estaba a punto de aprobar este mismo mes. A partir de ahora, toda la maquinaria presupuestaria del Gobierno se ha de poner al servicio del proyecto de Presupuestos de 2025, el primero bajo el paraguas de las nuevas reglas europeas de estabilidad.
El plan fiscal 2025-2028 deberá ser presentado en la Comisión Europea antes del 20 de septiembre y, de acuerdo a los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), exigirá, cuando menos, un ajuste anual del gasto (o de los ingresos) equivalente al 0,36% del PIB en 2025 y en los ejercicios siguientes.
Esto equivale a un recorte del gasto estructural de unos 5.500 millones, o a un aumento similar en impuestos, o a una mezcla de ambos. Y da igual si el Gobierno se ve el 20 de septiembre con fuerzas para presentar un proyecto de Presupuestos para 2025. En todo caso, tendrá que presentar a Bruselas un plan con los ajustes para los próximos años. Por ponerlo en perspectiva, 5.500 millones equivale a la cuarta parte del gasto en prestaciones por desempleo y a todo lo que el Estado gasta en sanidad (que es una competencia autonómica).
De momento, la prórroga de las cuentas de 2023 con la que se había iniciado el año se extenderá a todo el 2024. La cuantía de las pensiones ya quedó actualizada el 1 de enero, y se había introducido la subida salarial del 2% para funcionarios y empleados públicos.
El recorte previsto equivale a una cuarta parte del gasto anual en prestaciones por desempleo La prolongación de las cuentas de 2023 favorece que se cumpla el objetivo de déficit del 3%
Las nuevas reglas fiscales que el Parlamento Europeo aprobará en abril implicarán ajustes, que la Airef ha estimado del 0,64% del PIB (unos 9.800 millones de 2024) en cada uno de los cuatro años del plan fiscal 2025-2028 (2,56 puntos de PIB, equivalentes a casi 40.000 millones de hoy), para convencer a las autoridades europeas de que la abultada deuda pública española (107,7% del PIB en 2023) se introduce en una decidida senda de corrección hacia el objetivo del 60% del PIB.
Compromisos
Pero el marco europeo permite repartir el ajuste total necesario (40.000 millones) en siete años, a cambios de compromisos de inversión. Esto es lo que se dispone a hacer España, que tiene por delante la ejecución de las inversiones previstas en el Plan de Recuperación. Así, el ajuste necesario cada año se situaría en el entorno de 5.500 millones (con números de 2024).
El Banco de España, por su parte, estima que el ajuste anual necesario (en un plan a 7 años) no sería inferior al 0,5% del PIB en cada ejercicio (unos 7.600 millones cada año), tal como explicó el gobernador, Pablo Hernández de Cos, ayer domingo en una entrevista con EL PERIÓDICO.
Y todo ello, dando por hecho que España cumplirá el objetivo de finalizar 2024 con un déficit del 3% del PIB. Si no, quedaría afectada por la disciplina del Procedimiento de Déficit Excesivo de las reglas fiscales europeos, y la exigencia de ajustes sería aún mayor. Lo cierto es que la ausencia de unos nuevos Presupuestos en 2024 –que iban a incluir un techo de gasto más elevado– y la consiguiente prórroga de los de 2023 debe favorecer el cumplimiento del objetivo de déficit del 3% del PIB este ejercicio.
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