España actualiza la estrategia para abordar los casos de ictus
El nuevo método aspira a reducir los casos en un 10% y a tratar al 90% o más de pacientes en unidades especialidades.
El orden del día del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebró ayer recogió, entre otras cuestiones, el acuerdo de actualización de la Estrategia en Ictus –la actual data de 2009– en un país donde, con datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), se registran cada año entre 110.000 y 120.000 nuevos casos.
Las asociaciones se quejan de que flaquea, mucho, la asistencia del después, cuando se abandona el hospital y los recursos públicos para rehabilitación son muy limitados. Los neurólogos aspiran a que se alcancen los objetivos europeos: tratar al 90% o más de todos los pacientes en una unidad especializada en el propio hospital como primer nivel de atención.
El 25% de la población española sufrirá un ictus a lo largo de su vida. La enfermedad costó la vida a más de 24.000 personas en 2022 en nuestro país, donde hay cerca de medio millón de personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA) por ictus o traumatismos craneoencefálicos. Las unidades especializadas reducen de forma significativa la mortalidad, las secuelas y la discapacidad a largo plazo de quien ha sufrido un ictus. También la estancia media hospitalaria.
Son servicios con un número limitado de camas donde se realiza una vigilancia semi-intensiva de los pacientes. Tienen un sistema de trabajo muy estructurado y un personal entrenado (enfermería, rehabilitadores, trabajadores sociales, neurólogos...). Pero, con datos de la SEN facilitados a este diario (de 2021, los últimos disponibles), en España, en torno a 73 hospitales cuentan con esa atención tan especializada y que tanto marca la diferencia de cómo se sobrevive a un episodio tan crítico. Es decir, solo el 34% de los pacientes que sufren un ictus ingresan en estas unidades.
«Muy necesaria»
Por eso, ayer, el pleno del Consejo Interterritorial, acordó actualizar esa estrategia de 2009 en la que han trabajado durante años numerosos neurólogos, junto con el Ministerio de Sanidad, así como representantes de sociedades científicas (entre ellas, la Sociedad Española de Neurología), asociaciones de pacientes, representantes de comunidades autónomas y otros expertos.
Una actualización «muy necesaria», apuntaron desde la SEN, porque, desde el documento publicado anteriormente, se han producido muchos cambios organizativos, pero también novedades en el campo diagnóstico y terapéutico (que había que integrarlos también), y han surgido nuevos retos tanto para la prevención como para la mejora de la atención de esta enfermedad.
La actualización se engloba en el marco del Plan de Acción Europeo de Ictus 2018-2030, que define cuatro objetivos generales: reducir el número absoluto de casos en Europa en un 10%; tratar al 90% o más de todos los pacientes en una unidad de ictus especializada como primer nivel de atención; elaborar planes nacionales que integren toda la cadena de atención desde la prevención primaria hasta la vida después; y reducir otros factores de riesgo ambientales (incluyendo la contaminación), socioeconómicos y educativos.
El acceso a una rehabilitación integral asegura una mejora en la situación de las personas, según los estudios de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE). Tras sufrir un episodio así, las consecuencias son muy complejas y discapacitantes: diaria, laboral, social, recreativa, vocacional y económica, tanto para estas personas como para sus familias, recuerdan desde las asociaciones.
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