“Biodiversidad agrícola para todos y sostenibilidad económica para los agricultores”
La experiencia propia desde 2009 fue la palanca empresarial de Guy de Maillé, director de Green Concept Management. El método se aplicará en Burdeos en la finca que fue de su familia y que ahora está recomprando: el “AgriVitiVoltaico”, que combina la generación de energía solar y el mantenimiento de cultivos agrícolas conservando el entorno natural y beneficiando, no solo al propietario, sino a la comunidad. Este modelo de éxito es ley en Francia desde el pasado 10 de Abril y ya hay varios proyectos en marcha en Catalunya y en España.
-Después de las recientes protestas de los agricultores, parece que trabajar y vivir del campo va a ser más difícil que nunca…
El agricultor cultivador que paga los arrendamientos de las tierras agrícolas no es competitivo, casi un 30% sobrevive gracias a la subvención de la PAC. Si queremos productos frescos y de proximidad, lo tenemos que ayudar. Es él quien nos dará de comer hoy y mañana…
-¿Y eso se soluciona situando placas solares sobre sus cultivos?
Muchos agricultores propietarios de pequeñas fincas de cuatro a 60 hectáreas arriendan sus tierras por 330-400 euros por hectárea y por año. Estos propietarios, en su gran mayoría gente retirada, no pueden vivir con estas rentas. Para el bien de todos, necesitamos sus tierras para el mantenimiento de la producción agroenergética. Nuestro concepto obligaba al industrial a pagar 3.000 euros por hectárea y por año desde 2009 y ahora estamos en 3.400 euros. El día de mañana, haremos que las rentas sean proporcionales a la producción energética instalada para mantener un equilibrio económico sostenible entre el industrial y el mundo agrícola.
-¿Cómo se beneficia la comunidad agrícola y el resto de la sociedad de un proyecto agrovitivinícola?
Firmando nuestros derechos de superficie, el industrial se compromete a pagar 750 euros por megavatio instalado y por año a la cava cooperativa agrícola más cercana o a la caja de pensiones de los agricultores. La decisión se toma de manera consensuada entre las administraciones y nosotros. En cuanto a la sociedad fuimos los primeros en hablar de la participación ciudadana, hoy es algo que consta en la reglamentación catalana. Esa participación permite que el ciudadano del municipio, comarca o región pueda invertir con sus fondos propios o creando deuda para participar económicamente en un proyecto y obtener la misma rentabilidad de 7 a 8% que puede obtener el industrial.
-Si se decide suspender la actividad una vez cumplido el plazo, ¿qué proponen en el desmontaje de la instalación?
Cuatro años antes de finalizar el contrato de alquiler de las tierras (aquí se llama Derecho Real de Superficie) el industrial debe hacer una licitación según la legislación del momento para desmontar la instalación fotovoltaica construida y dejar las tierras a punto para plantar el tipo de cultivo más beneficioso en ese momento. A los seis meses de la licitación, debe depositar en la caja de depósitos y consignación el valor medio de la licitación más 20% más IVA a favor de la administración, que podrá utilizar ese dinero para desmontar. En el caso que el industrial desaparezca, el municipio y el propietario de las tierras están protegidos. De no hacerlo, pierde sus ingresos energéticos de los últimos tres años y medio y si no fuera suficiente, pierde la propiedad de las instalaciones que son fácilmente vendibles a fondos de segunda generación.
-¿El agricultor propietario también tiene obligaciones para recuperar los cultivos, una vez finalizado el proyecto?
También cuatro años antes de finalizar el contrato de alquiler de las tierras el propietario debe hacer una licitación para plantar la agricultura del momento en las tierras arrendadas y después de seis meses debe depositar en la caja de depósitos y consignación el valor medio de la licitación más 20% más IVA a favor de la administración, que podrá utilizar ese dinero para realizar la plantación con los agricultores del municipio o de la cava cooperativa más cercana. De no hacerlo, pierde su renta de 3.400 euros por hectárea y por año de los últimos tres años y medio. “Energéticamente, la legislación debe adaptarse a las necesidades del ciudadano”
-Cambiando de tema, ¿qué papel deberían tener las administraciones?
La administración deber ser actor y conocer todos los acuerdos que ligan jurídicamente nuestras tierras con la industria. Yo insisto que los derechos de superficie deberían ser firmados también por la administración pública como testigo de los acuerdos y actor de las garantías firmadas.
-Pero todavía hay muchas lagunas con el autoconsumo y la generación renovable que pueden hacer dudar de la propuesta AgriVitiVoltaica a muchos propietarios cultivadores…
El autoconsumo y el almacenamiento energético son esenciales para un consumo más barato, pero necesitamos un cambio legislativo para poder conectar las plantas de producción energética a 15 kilómetros de los consumidores. Son el negocio energético del mañana para más de 6.900 pequeños municipios en España. Todos podríamos desarrollar plantas AgriVitiVoltaicas a medida de las necesidades del pueblo, de la industria local o del centro administrativo más cercano. Así, la energía podría ser comercializada todo el año y a toda hora a menos de 60 euros por megavatio y la producción AgriVitiVoltaica consumida en un radio de 15 kilómetros cumpliendo el KM0.
-Habla de KM0… ¿qué proponen para consumos energéticos y alimentarios de KM0?
Energéticamente, la legislación debe adaptarse a las necesidades del ciudadano, tenemos que poder construir plantas AgriVitiVoltaicas a 15 kilómetros del centro de consumo y no limitar su conexión a centenas de metros, como ocurre ahora. Es la única solución para fomentar la energía KM0. Alimentariamente debemos consensuar las producciones agrícolas y vitícolas con las administraciones del municipio del proyecto AgriVitiVoltaico de manera a vender los productos frescos y de temporada en la cercanía.