¿Quién mató a los guardias civiles?
Dos vídeos, uno de ellos el tomado desde la narcolancha y otro por uno de los guardias atacados, han sido finalmente cruciales para dar un giro en el caso.
Kiko el Cabra, solo en la prisión de Córdoba. Dos de sus compañeros, en la cárcel de Jaén; otro en la de Granada y otros dos en la de Morón. La cuadrilla de lancheros del narcotráfico inicialmente imputados por el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate la noche del 9 de febrero permanece dispersa en cuatro centros penitenciarios andaluces. Y aún pesan sobre ellos, administrativamente, dos acusaciones de delito de asesinato, cuatro de asesinato en grado de tentativa y uno de atentado agravado.
Pero el negro horizonte penal que se cernía sobre los seis tripulantes de narcolancha de la pandilla de Javier M.P., Kiko el Cabra, ha cambiado radicalmente tras las constataciones recogidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe determinante para la causa, si bien la
Fiscalía mantiene la petición de prisión preventiva para ellos bajo las figuras penales de narcotráfico y organización criminal.
La próxima semana la situación podría cambiar después de la entrega a la justicia de nuevos datos que en realidad no son tan nuevos: ya constaban a las partes personadas en el caso desde la misma primera semana posterior a la tragedia. Dos vídeos, uno de un familiar de uno de los tripulantes y otro tomado desde la lancha de Kiko el Cabra, fueron aportados desde el principio por la defensa de los detenidos al juzgado de instrucción 1 de Barbate.
Fue a mediados de febrero, cuando ese juzgado rechazó una petición de puesta provisional en libertad y los abogados recurrieron en apelación aportando la prueba videográfica. Ayer precisamente se cumplieron tres meses de la entrada en prisión de los encausados.
En las conclusiones con que la propia Guardia Civil ha corregido la marcha de su investigación, los agentes valoran imágenes de siete cámaras, entre ellas una GoPro que llevaba en su casco una de las víctimas. Pero el vídeo crucial es uno de 3 minutos y 33 segundos. Es el que tomó con su Iphone 11 J. A. González C., uno de los cinco tripulantes de Kiko El Cabra, «mientras se encontraba a bordo de una narcolancha distinta a la autora, ubicada al pairo en la bocana del citado puerto».
En esa grabación, la misma en que insistía la defensa de los detenidos y el propio inculpado cuando compareció ante la juez de Barbate, «despejaría las dudas (…) permitiendo concluir que efectivamente solo una EAV de cuatro motores y una antena ocupada por al menos tres tripulantes (…) habría llevado a cabo un total de seis ofensivas contra los agentes, siendo la última de ellas mortal para dos de los seis tripulantes de la embarcación oficial de la Guardia Civil».
El detalle del número de motores y de cuántas antenas lleva la embarcación ha sido clave para descartar la autoría de Kiko el Cabra. Las seis lanchas que llegaron a abarloarse en seguro en el puerto de Barbate, cambiando de boya según les daba el viento, eran muy similares, de parecida morfología y potencia, pero solo una tenía a la vez cuatro motores y una sola antena.
Le llaman Karim
Ocho personas fueron detenidas en la costa gaditana en las horas posteriores al crimen. Dos quedaron en libertad; seis fueron a los calabozos. Entre tanto, el piloto de narcolancha supuesto verdadero autor de los asesinatos tenía la posibilidad, primero, de volver a esconderse en otro punto de la costa española a causa de la tempestad, que continuaba en mar abierto, y, después, irse a Marruecos. Le llaman Karim, como adelantó en exclusiva EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Ha sido en el atento examen de los fotogramas que se ha corroborado lo que J. A. González había declarado ante el juez. La narcolancha con la que se cometió el crimen contra los agentes David Pérez Carracedo, barcelonés de 43 años, y Miguel Ángel González, gaditano de 39, no fue la que los agentes intervinieron a la mañana siguiente en la Playa de la Hacienda entre San Roque y la Línea de la Concepción. «Consecuentemente, es posible descartar la participación de los actualmente investigados en la perpetración de los delitos de asesinato y atentado agravado objeto de las presentes pesquisas, sin que ello afecte a la presunta comisión de un delito de contrabando», concluye el informe.
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