Extremadura: lío arbitral

El enconado conflicto que enfrenta a la gran mayoría de los árbitros extremeños y al Comité regional trasciende el ámbito deportivo y muestra unos modos de los responsables del Comité improcedentes en un Estado de Derecho. Las diferencias entre los colegiados y los dirigentes federativos tienen un origen sencillo y que conocen los lectores de este periódico, puesto que de ellas ha venido informando con detalle: su negativa a seguir arbitrando mientras no se les paguen las cantidades comprometidas (en conjunto 130.000 euros) por los arbitrajes de los Judex. Una postura entendible, que coincide con las que muchas veces mantienen los trabajadores de cualquier empresa si no se les paga lo que les corresponde y que, además, cuenta con otra circunstancia a su favor: ese dinero está comprometido desde el origen (lo libra la Junta para ese fin) y no hay ninguna razón para que se destine a otros usos.

La postura entendible de los árbitros contrasta con la injustificable del Comité, y notoriamente de su presidente José Antonio Cidoncha, que ha dado muestras de que para él el Comité Extremeño de Árbitros es una instancia que maneja en razón de fobias y filias. El último episodio de expulsar a la inmensa mayoría de árbitros de Plasencia y Mérida (incluidos aquellos que caen fuera de su jurisdicción, como los de Segunda y Segunda B) para luego dar marcha atrás, llena de oprobio a una institución, como es la Federación extremeña, e invita a pensar que la reparación del daño causado debería iniciarse con su destitución.