Las 40 viviendas sociales vacías se adjudicarán antes de final de año
El director general de Vivienda adelanta que se cobrará 120 euros de alquiler El portavoz confía en quelos nuevos adjudicatarios mejoren la convivencia
El 2 4 de s e pt i e mbre próximo empieza el proceso para adjudicar las viviendas sociales procedentes de los seis desahucios ejecutados por la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura y las 34 casas que se quedaron vacias tras el tiroteo ocurrido en agosto del 2011 en el Peri de San Lázaro.
El plazo para presentar las solicitudes acaba el 24 de octubre. Un equipo de la delegación de Servicios Sociales se encargará de facilitar información e inscripciones a los interesados.
Las viviendas se adjudicarán antes de que acabe este año, una vez finalizada la selección de solicitantes y las obras de reforma dos procesos que terminarán a la vez en el tiempo.
Las viviendas sociales se adjudicarán por sorteo entre los candidatos que cumplan los requisitos exigidos por la legislación: ingresos familiares, residencia en Mérida de más de tres años, entre otros.
Las casas, situadas en Juan Canet, San Lázaro, avenida de Portugal y Marqués de Paterna, se alquilarán por 120 euros mensuales y un plazo de cinco años prorrogables. El precio del alquiler puede ser más reducido en función del número de miembros de la familia, de los hijos, de las personas dependientes y mayores, etc.
Estos datos los proporcionaron ayer en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno Fernando Molina y el director general de Vivienda de la Consejería de Fomento, Manuel Lozano, quien informó que se han destinado cerca de 190.000 euros a reponer los paramentos, la carpintería y la instalación eléctrica de las casas.
“Llevamos un tiempo trabajando con el ayuntamiento para poner a disposición de las familias de Mérida un importante número de viviendas”, apreciación en la que coincidía con el portavoz del equipo de gobierno, quien se mostró convencido de que estas adjudicaciones van a servir también para mejorar la convivencia en los barrios donde se sitúan las casas ahora vacías. El portavoz dijo que al menos 80 ó 90 personas han acudido a Servicios Sociales a solicitar viviendas. Molina justificó los desahucios de los inquilinos anteriores, “por orden judicial”, recordó, por diversos motivos, uno de ellos, los problemas de convivencia que en su opinión, ahora se van a subsanar con los nuevos inquilinos, y también en el incumplimiento de la legislación que protege el derecho de las familias sin recursos a disponer de una casa; por ejemplo, viviendas dotadas con “lujos asiáticos”, dijo, como “jacuzzi, muebles de diseño, insonorizaciones”, según consta en los expedientes, y muchas de esas familias que disfrutaban de todas esas comodidades, “no han pagado nunca el alquiler”.