Anticorrupción investiga la Ciudad de la Justicia de Madrid
La fiscalía rastreará el destino de 90 millones en la etapa de Aguirre
La Fiscalía Anticorrupción investigará por la vía penal la denuncia que el Gobierno de la madrileña Cristina Cifuentes ha hecho llegar al Ministerio Público para que se investiguen, al apreciarse posibles delitos de malversación y prevaricación, si hubo irregularidades en torno a la construcción del Campus de la Justicia de la región, el gran proyecto que en su día avaló la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, también del PP.
Según ha informado la propia fiscalía en un comunicado, dicha denuncia contiene el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad en el que, entre otras cosas, se pone de manifiesto que se han llegado a abonar unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios en ese complejo, de los cuales solo hay uno concluido y que, pese a ello, no puede ser puede utilizar.
Lo más sorprendente de este asunto es que la oposición en la Asamblea regional, esto es, Ciudadanos (que a la vez ha sido el principal sostén de Cifuentes y un PP en minoría hasta que se destapó el caso máster), PSOE y Podemos reclamaron hace tal sólo un mes al Ministerio Público que iniciara pesquisas en torno al Campus de la Justicia, algo que no ocurrió. Y 30 días más tarde la presidenta madrileña, que se encuentra entre la espada y la pared de tener que dimitir y dejar el cargo o someterse a una moción de censura que a buen seguro perderá, imita el gesto y denuncia un proyecto del gobierno Aguirre. ¿Por qué?. La versión oficial es que se han confirmado las irregularidades apuntadas y se ha hecho lo que hay que hacer, esto es, reclamar que la justicia investigue. Pero es evidente que hay teorías ya para todos los gustos en el partido (desde una posible cortina de humo hasta el lanzamiento de un aviso interno) sobre las verdaderas intenciones de Cristina Cifuentes con tan sorprendente paso.
El citado informe de la Cámara de Cuentas, referido a la gestión de esa empresa pública entre los años 2005 y 2015, detecta también adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos y «diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal», según la Fiscalía.
Por eso, el Ministerio Público cree y advierte de que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y ha remitido la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción.
El Campus de la Justicia es un proyecto encargado en el 2007 por el Gobierno de Esperanza Aguirre que pretendía agrupar las 19 sedes judiciales dispersas en Madrid.