La Junta convocará a los municipios para tratar el pacto contra la violencia machista
Reconocen que su puesta en marcha tiene «dificultades» porque contiene 400 medidas
La Junta de Extremadura convocará una mesa de cooperación y coordinación con los municipios de la región para abordar la compleja gestión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Así lo anunció ayer en una rueda de prensa la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en presencia de la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, con la que mantuvo una reunión de trabajo.
Al encuentro asistieron también la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña; y la concejala de Igualdad de Mérida, Ana Aragoneses. En su visita a la región Murillo se reunió también ayer miércoles con los responsables de distintas administraciones, como la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, además de visitar el IES Al-Qázeres de Cáceres. Una jornada de trabajo para abordar, fundamentalmente, la gestión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, algo que tiene sus «dificultades» porque cuenta con 400 medidas, mientras que el Pacto de Toledo, por ejemplo, solo son trece, advirtió Murillo.
La aplicación es compleja y tienen sus dificultades, dijo Murillo, algo en lo que coincidió con la vicepresidenta, debido a que por primera vez hay una cantidad importante para impulsar el pacto. La secretaria de Estado recordó que se han hecho ya dos pagos de 20 millones de euros cada uno, que hay que repartir entre los 8.125 municipios en función de criterios como el número de mujeres censadas, las que son de diferentes etnias o razas, o las que tienen alguna discapacidad o si la localidad cuenta con plan de igualdad.
La vicepresidenta aseguró que muchas de las complicaciones son de índole burocrático, que son las más fáciles de resolver, y apuntó que el primer efecto que se produce es «paralizante: uy, esto que no lo he hecho nunca, cómo lo hago ahora». A su juicio, no hay dificultad en el «qué» del pacto, pero «sí en el cómo», ya que surgen dudas, por ejemplo, de gestores responsables que no quieren ser redundantes, de ahí la importancia de la mesa de coordinación que convocará la Junta.
«Y luego no nos engañemos, es el Gobierno de Pedro Sánchez el que impulsa este pacto», advertió, y a veces se le piden cuentas como si llevara gobernando una legislatura entera. Murillo recordó que el pacto se cierra en septiembre de 2017, pero hasta diciembre de 2018 el dinero no empieza a llegar a las haciendas locales después de que los socialistas, un mes después de llegar al poder, agilicen los trámites.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, aseguró que trabajará de forma conjunta con las portavoces de Igualdad de los grupos políticos con representación en la Cámara en el grupo europeo que liderará a partir del próximo año en el seno de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa sobre Igualdad y Reto Demográfico.
La secretaria de
Estado de Igualdad recuerda que se han hecho dos pagos de 20 millones cada uno