Que el Estado decida sobre el cava

Los cuatro grupos sí se pusieron ayer de acuerdo (aunque no sin diferencias) para exigir que sea el Ministerio de Agricultura quien ostente las competencias sobre las decisiones relativas a la limitación de nuevas plantaciones de viñedo para cava, y que garantice la participación de Extremadura en el trámite de informe.

La propuesta partió del PP y en su defensa, la diputada Mercedes Morán acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «dejar en manos de los productores catalanes» el progreso de un sector clave para Extremadura, ya que la decisión del número de hectáreas dedicadas al cava dependerá a hora de la Denominación de Origen Protegida (DOP), controlada por los productores catalanes. A juicio del PP, detrás de este cambio normativo (una reivindicación histórica de la DOP) están los intereses electoralistas de Pedro Sánchez y sus «guiños» a Cataluña.

Sin embargo, también el PSOE y Podemos criticaron a los populares por «electoralismo» al negarse a presentar una declaración conjunta de toda la Cámara en lugar de su iniciativa. En cualquier caso, la diputada de Podemos Irene de Miguel criticó que la DOP se convierta «en juez y parte» y alertó de que la principal perjudicada por esta decisión será Extremadura por su potencial de crecimiento.

Desde Cs, Fernando Baselga se preguntó hasta cuándo se va a seguir pagando «el peaje» a Cataluña por los intereses de Sánchez y dudó además de que la Junta no tuviera conocimiento de «tamaña ignominia». En respuesta, el diputado del PSOE Eduardo Béjar recordó que la decisión se recurrirá en los tribunales en defensa de los viticultores extremeños.

Ciudadanos duda de que la Junta no supiera de «tamaña ignominia» y Podemos advierte del perjuicio a Extremadura