Escapar del Valle
La valenciana Antonia Fernández Moya lleva décadas litigando para sacar a su hermano, soldado republicano, cuyos restos se encuentran enterrados en el mausoleo franquista
Tercer piso, capilla de la izquierda, columbario 7955. Desde hace dos décadas, la familia del soldado republicano Ángel Fernández Moya sabe exactamente el lugar detrás de la cripta del Valle de los Caídos en el que se encuentran sus restos, pero no han podido ni visitarlo, ni mucho menos trasladar sus restos tal como aún espera poder hacer su hermana Antonia.
«Voy a hacer 88 años y quiero ser yo quien lo lleve donde están mis padres y mis abuelos», explica a este diario con todo decidido, pero con la voz entrecortada tras recibir en Valencia una declaración de reparación y reconocimiento personal de manos de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Mientras la familia del dictador Francisco Franco apura los recursos judiciales para evitar su exhumación y que sus restos abandonen el Valle de los Caídos, familiares de los miles de republicanos que fueron enterrados allí sin consentimiento llevan años tratando sin éxito de sacar sus cuerpos del mausoleo.
El estallido de la guerra civil pilló a Ángel haciendo la mili con 19 años. El conflicto acababa de empezar y nada más acabar, explica, lo fusilaron. «Mi madre murió con 53 años pensando que su hijo estaba por
allí tirado», recuerda. Fue su hija Montserrat la que muchos años después empezó a indagar en los archivos militares y a buscar testimonios. «Al final supimos el punto exacto donde había caído en el cementerio de Teruel y el responsable nos dijo que a ese militar se lo habían llevado al Valle de los Caídos», explica.
Freno eclesiástico
«Nos envió un documento, se lo enviamos a Patrimonio Nacional y nos dijeron donde estaba», añade. Aquello se produjo en el año 1999 y no han podido avanzar más.
«En cuanto lo supimos llamamos y el párroco, un cura, nos dijo que era imposible, que había que desmontar todo el altar», explica Montserrat. «Cuando reclamamos para poder sacarlo, el cura nos dijo que no, no nos dejó ni entrar a ver dónde estaba», refuerza su madre.
En todo este tiempo solo una sentencia judicial ha permitido a unos familiares acceder al lugar donde están enterrados los suyos.
Hace unos meses, con el revuelo por la exhumación de Franco y la oposición de los monjes benedictinos que siguen al frente del Valle entendieron que las razones no eran arquitectónicas. «Ahora nos hemos dado cuenta de que ese cura nos frenó. Entendimos que había motivaciones políticas», lamenta Montserrat. A raíz de ese descubrimiento, la familia ha retomado su intento por recuperar los restos.
«Pienso que si lo sacan a Franco tendré yo más facilidad para sacar los restos de mi hermano y llevarlos con mis padres», apunta emocionada Ángela.
«Lo que será definitvo para toda esta gente será la reforma de la ley del 2007», pronostica Matias Alonso, histórico responsable de memoria histórica del PSPV. «Lo de Franco es un proceso diferente, ahí no puede haber ningún problema técnico. En cambio, detrás de la cripta la congregación se acoge a eso para oponerse», señala. Los benedictinos se aferran al mal estado de uno de los niveles inferiores de una única cripta para negar cualquier exhumación en todo el recinto.
33.833 sepultados
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, remitió a un familiar de uno de los enterrados allí contra su voluntad en la que le transmite «el firme compromiso del Gobierno de apoyarles en los procesos de recuperación de los restos de sus seres queridos».
Según los últimos estudios, en el Valle de los Caídos hay 33.833 cuerpos sepultados, la mayoría de republicanos. «Lo primero es hacer una labor de inspección e informar a las familias de cada situación. Habrá cuerpos que no se puedan recuperar o que se hayan mezclado unos con otros por el mal estado de las cajas pero en otros casos como en este que está enterrado sólo no debe haber problema», afirma Alonso.
El Supremo despejó ayer el último obstáculo legal para exhumar los restos de Franco al levantar la suspensión cautelar y autorizó al Gobierno a entrar en la basílica para ejecutar el traslado, mientras el prior del Valle sigue atrincherado.